La crisis de las preferentes no es tan grave como pinta para la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La presidenta del organismo supervisor del mercado ha asegurado este miércoles en comparecencia en el Congreso de los Diputados que, “salvo casos puntuales” se cumplió la ley en lo que se refiere a su comercialización.
El organismo que preside Elvira Rodríguez ha llegado a esta conclusión tras el estudio de la documentación recabada por la subcomisión del Congreso para el Seguimiento de sobre Comercialización de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada, cuyo informe final de estudio presentaba hoy en sede parlamentaria. Por lo tanto, sí ha reconocido que no pueden considerarse las posibles recomendaciones verbales a pequeños ahorradores para que optasen por contratar estos productos sin conocer bien su operativa.
En el informe se recoge que la existencia de la pertinente documentación escrita “no es incompatible con la existencia de numerosas reclamaciones de inversores que manifiestan haber recibido una información verbal contradictoria” con aquello que un día firmaron. La CNMV, por su parte, defiende que no existen medios que “permitan comprobar lo realmente ocurrido”. Y es que un buen número de afectados por estos complejos títulos de deuda achacan su presunta estafa a las recomendaciones verbales de sus banqueros de confianza.
A pesar de que la CNMV reconoce que los empleados de las entidades “suelen tener incentivos económicos ligados a la venta de los activos”, lo que habría incentivado la colocación de preferentes entre inversores no aptos para este producto. No obstante, defiende que el número de ahorradores que contrató preferentes después de haber sido advertidos de sus riesgos fue “muy elevado” mientras que el porcentaje de clientes a los que las entidades reconocer haber recomendado este producto “es absolutamente marginal”.
Muy dispar es la opinión de una de las partes implicadas en la redacción del informe que la CNMV no ha distribuido directamente: el Consejo de Consumidores. En un voto particular al margen del emitido por el supervisor de mercados y el de entidades financieras, el Banco de España, considera que el pliego de conclusiones finales “parece un documento destinado a justificar lo sucedido”, habiendo despreciado la versión de los afectados.
Expediente sancionador al 70% de los bancos
En el documento se apunta que el importe de preferentes y deuda colocada sin cumplir con la normativa vigente alcanzó los 6.212 millones de euros. Una cifra “que representa un porcentaje relativamente pequeño del total emitido”: 47.258 millones de euros entre 2008 y 2012. Entre procedimientos ya abiertos y las que están en marcha, nueve de los trece actuales grupos financieros españoles “según su configuración actual”, han sido o van a ser por tanto expedientados por la CNMV. En otras palabras, un 70% del sector incurrió en mala praxis al comercializar estos papeles.
La colocación de preferentes sin valorar la conveniencia de la operación, haberlo hecho de forma incorrecta o sin gestionar adecuadamente algunos conflictos de interés tuvo lugar hasta en 22 emisiones. Una sanción a malas prácticas que sin embargo no servirán para resarcir a los afectados, tal y como ha recordado Elvira Rodríguez en el Congreso.
El organismo que la exministra preside “carece de capacidad legal para obligar a las entidades a compensar daños”, algo para lo que solo tienen potestad los tribunales y las comisiones de arbitraje.
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