La imputación del expresidente de Navarra, Miguel Sanz y del exalcalde de Pamplona, Enrique Maya, por haberse asegurado supuestamente unas jugosas dietas en Caja Navarra (CAN), ha generado aún más sospechas sobre la creación y posterior salida a Bolsa de Banca Cívica, el frustrado banco liderado por la caja y finalmente absorbido por CaixaBank.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona apunta a que los políticos que formaron parte de Caja Navarra podrían haber cometido un delito de cohecho al burlar la ley que deja fuera de las cajas de ahorros a los cargos públicos con el objetivo de seguir cobrando dietas.
Estos cargos públicos crearon en 2010 la Junta de Entidades, formada por nueve miembros de UPN y dos del PSN. De esta manera, garantizaban su presencia en la CAN tras la reforma legislativa que dejaba fuera del consejo de administración a los políticos. Su labor era meramente consultiva. Sin embargo, las dietas de asistencia llegaron a ser superiores a 2.000 euros, según informa El País.
Sólo unos meses antes de estos hechos, acababa de nacer Banca Cívica, una fusión fría entonces liderada por CAN y Caja Canarias, e impulsada principalmente por Enrique Goñi, director general de la entidad Navarra. Posteriormente, el SIP instrumental se convirtió en un banco propiamente dicho, con la inclusión de la andaluza Cajasol, saliendo a Bolsa en julio de 2011. No obstante, su camino fue corto, ya que el año pasado el banco fue finalmente absorbido por CaixaBank.
Las primeras respuestas no se han hecho esperar. La diputada de Geroa Bai Uxue Barkos ha exigido a UPN una “respuesta clara” y ha comentado que su partido va a estudiar internamente la “dimensión” de este asunto, aunque en todo caso ha destacado la gravedad que supone una imputación.
En ese sentido, hace ya unas semanas el parlamentario de Geroa Bai Manu Ayerdi fue muy crítico con la gestión de la CAN al denunciar “el error estratégico entre 2002 y 2009, periodo en el que no se le dio la importancia que merecía al mantenimiento de la fortaleza que tenía Caja Navarra, y también el error de la creación de Banca Cívica”. A su juicio, “ambos fueron asumidos por el Consejo de Administración, y por lo tanto asumidos por UPN y PSN”.
Hoy, la juez ha imputado al expresidente de Navarra, Miguel Sanz, al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y al exconsejero del Gobierno de Navarra Álvaro Miranda. Por el momento queda fuera de las citaciones la actual presidenta de la comunidad Yolanda Barcina, que tiene condición de aforada.
La Junta de Entidades Fundadoras de la caja convocó 16 reuniones, cada una de una hora y agrupadas de dos en dos en un mismo día para que fuera más cómodo para sus miembros. Eso supuso que el expresidente navarro Miguel Sanz recibiese por reunirse dos horas en un solo día casi 5.700 euros brutos, por 3.434 euros que percibía por el mismo trabajo la actual presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina, informa el diario de Prisa.
La juez consideraba en un auto dictado hace unos días que “el pago y cobro” de estas cantidades no constituyen un presunto delito societario, “sino que podrían constituir un delito de cohecho, que es consustancial al delito de prevaricación por omisión cuya competencia se atribuye a este Juzgado”.
El auto señalaba que “las personas que estaban recibiendo estos pagos presuntamente injustificados eran las mismas que debían llevar a cabo la labor de inspección de la gestión de la entidad pagadora y la definitiva calificación que se realice de ellos dependerá del curso de la causa”.
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