El Banco de España no quiere repetir los errores del pasado y ha reclamado a los bancos rescatados con dinero público – Liberbank, BMN, Caja 3 y Caja España-Duero- que bajen las retribuciones de su cúpula, así como las posibles indemnizaciones y pensiones a cobrar en el futuro, porque en ciertos casos aún no cumplen con los límites legales en vigor desde el año pasado. Pero a algunos directivos no les ha sentado nada bien.
Según consta en el informe sobre retribuciones de las entidades en proceso de reestructuración que envió a principios de mes el Banco de España al Congreso de los Diputados, en el caso de Ceiss, el banco de Caja España Duero, había cinco personas que tienen pactados importes superiores al límite de dos anualidades de la retribución fija para las indemnizaciones por terminación de contrato. No obstante, “la entidad ya se ha adaptado a los límites legales cursando instrucciones al departamentos de recursos humanos, que ha comunicado a los interesados los límites legales obteniendo el recibí correspondiente”, aunque “en algún caso los interesados han manifestado su no conformidad”.
Este rechazo se produce en plenas negociaciones del ERE que afectará a 1.500 empleados de la entidad, el 30% de la plantilla, que forma parte del profundo programa de reestructuración que exige la Comisión Europea a Ceiss para inyectar en la entidad 604 millones de euros de dinero público. Además, a cambio de esta ayuda, la Comisión Europea exigirá una reducción del balance de la entidad del 30%, así como el cierre de 260 oficinas.
En su momento, la fusión de Caja España y Caja Duero, que recibió 525 millones a través de un préstamo del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ya vino acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de 846 trabajadores.
Unicaja y Caja España-Duero llevaban negociando la fusión desde abril de 2011, pero el proceso se ha visto paralizado varias veces; la última, a finales del año pasado cuando el rescate de la entidad castellana aprobado por Bruselas, por valor de 604 millones de euros, dejó sin efecto el anterior principio de acuerdo.
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