La fusión de Caja España-Duero y Unicaja se ha convertido en un culebrón que dura ya más de dos años, y cuyos últimos capítulos son aún un enigma dado el pulso entre el comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, y el presidente de Unicaja, Braulio Medel. No obstante, mientras se resuelve la incógnita, ambas entidades han comenzado a negociar con los sindicatos para llevar a cabo sendas reestructuraciones de plantilla.
Tal y como ya publicó EL BOLETÍN, la dirección de Unicaja ha planteado a los sindicatos un plan de reestructuración con el que pretende cerrar hasta 97 oficinas. En una circular, la sección sindical de CCOO califica este plan de reestructuración, que podría afectar a unos 300 trabajadores, de “irracional” y señala que si se suman los 125 cierres de sucursales en 2011 y 2012, Unicaja, “entidad solvente y sin problemas económicos”, “habrá cerrado en Andalucía tantas oficinas como algunas entidades quebradas”.
El sindicato considera que esta decisión demuestra que se “desprecia el arduo trabajo que la plantilla ha hecho por salvar la cuenta de resultados”, al mismo tiempo que “no se apuesta por sustentar el negocio captando el que están dejando otras entidades”.
El plan de cierre de sucursales planteado por Unicaja es independiente del proceso de fusión con Caja España-Duero, convertido en un eterno culebrón tras el tira y afloja entre Bruselas y la entidad andaluza. Por el momento, el rescate de la castellana, por valor de 604 millones de euros, está a la espera de que la Comisión Europea apruebe o no este proyecto.
No obstante, haya fusión o no, Caja España-Duero deberá acometer una profunda reestructuración. En otras palabras, sea cual sea el futuro del proceso, 1.502 trabajadores deben abandonar la entidad, se cerrarán 263 oficinas (todas las de fuera de Castilla y León, Madrid y Cáceres, y 116 de las oficinas ubicadas en estas tres demarcaciones geográficas), y Ceiss, el banco instrumental al que se traspasó el negocio financiero, debe reducir un 30% su balance.
La dirección señaló a los sindicatos en su primera reunión de esta semana que “estas cifras y parámetros son muy rígidos porque vienen impuestos por Bruselas para la recapitalización de Ceiss”.
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