La defensa de Alfredo Sáenz, consejero delegado de Banco Santander, recurrirá la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el indulto que le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que le permitió permanecer en su cargo.
Según publica la agencia Europa Press, la defensa presentará en breve un recurso de amparo “por infracción del derecho de igualdad y del derecho a tutela judicial efectiva”. Como paso previo a la formalización de este recurso de amparo, que la defensa del directivo pretende presentar “de inmediato”, la defensa presentará un incidente de nulidad ante el Alto Tribunal.
Nueve magistrados del Tribunal Supremo han concluido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero incurrió en una “clara extralimitación” al cancelar los antecedentes penales del consejero delegado del Banco Santander Alfredo Sáenz y del que fuera directivo de Banesto Ángel Calama Teixeira cuando les indultó la condena de tres meses de arresto de inhabilitación por denuncia falsa.
La anulación de los efectos administrativos del indulto se conoció el pasado 12 de febrero aunque hasta hoy no se había hecho pública la sentencia completa, cuyo ponente es el magistrado Carlos Lesmes.
En concreto, el Tribunal considera que el Gobierno se extralimitó en la aplicación del indulto al pretender que la condena impuesta a Sáenz por un delito doloso no le afectara a la hora de serle aplicada la normativa bancaria, que impone el requisito legal de “honorabilidad”. En otras palabras, no se ha anulado el indulto, sino tan sólo la parte que se refiere a sus efectos administrativos, por lo que ahora será potestad del Banco de España decidir si Sáenz cumple o no los requisitos para seguir siendo banquero.
El Gobierno de Mariano Rajoy ha elaborado un Real Decreto, aún en fase de consulta pública, que otorga al Banco de España la autoridad de decidir si un directivo mantiene los requisitos de honorabilidad, pese a haber recibido una condena de la Justicia. Además, según publica El País, la autoridad bancaria europea, EBA, emitió un documento en el que decía que pese a tener antecedentes penales, una persona podía seguir ejerciendo como banquero.
El Tribunal Supremo había condenado en marzo de 2011 al consejero delegado de Banco Santander a tres meses de arresto y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993, tras lo cual el banquero decidió solicitar un indulto. Sin embargo, seis meses después el Consejo de Ministros aprobaba un indulto parcial para el consejero delegado del Santander, que ahora ha sido anulado por el propio Supremo.
Los hechos que dieron lugar a esta condena se produjeron en 1994, cuando Sáenz desempeñaba funciones como administrador provisional y presidente ejecutivo de Banesto, puesto para el que había sido nombrado por el BdE tras la intervención del banco presidido por Mario Conde en diciembre de 1993. La actuación de Sáenz que motivó la condena se produjo al presentar Banesto una querella por estafa contra Pedro Olabarría, Modesto González Mestre, y Luis Fernando y José Ignacio Romero, para la recuperación de un crédito de 600 millones de pesetas de las empresas del grupo Harry Walker, a las que representaban.
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