El juez José Silva del Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid ordenó el pasado día siete de febrero la “entrada y registro en las oficinas de Bankia/Caja Madrid” de Las Rozas, donde se ubican los servidores informáticos del grupo, en el marco de la investigación del crédito de 26,5 millones de euros que recibió Gerardo Díaz Ferrán cuando era consejero de Caja Madrid.
Según han señalado fuentes judiciales a EL BOLETÍN, las diligencias decretadas por el juez señalan que se puede extraer información vital para la investigación rescatando información de años anteriores tales como correos electrónicos o información sobre actividades realizadas por Miguel Blesa y que pueden servir para el esclarecimiento del presunto delito societario y falsedad documental que está siendo investigado.
No obstante, Bankia se había adelantado ya a las exigencias del juez, ya que un día antes, el día seis de febrero, el propio banco envió al juzgado los correos electrónicos y la información referida a Blesa.
El juez ya había requerido a Bankia que le entregase el ordenador “físico” del expresidente de Caja Madrid, pero las dificultades para encontrar el aparato dado el tiempo transcurrido, le han llevado a ordenar este registro, llevado a cabo por agentes de la sección de Policía Judicial de la Guardia Civil.
El juez José Silva también había solicitado a los directivos de Bankia, entre ellos a su presidente José Ignacio Goirigolzarrri, que aportasen información detallada y documentada de las operaciones en activo (en particular lo que se refiere a líneas de crédito) que se hayan otorgado a Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán, así como a sus hijos, esposas o socios, la empresa Marsans o cualquier otra entidad vinculada a los imputados desde el año 2003 hasta la actualidad.
El juez acordó en noviembre pasado reabrir las diligencias que se incoaron después de que Manos Limpias presentara una querella contra Blesa y Díaz Ferrán que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu rechazó acumular a la causa en la que investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia.
En su denuncia Manos Limpias acusa a Blesa de conceder un crédito doloso por importe de 26,5 millones de euros a Díaz Ferrán en el que figuraba como “garantía un holding empresarial que se encontraba en quiebra”.
No obstante, Blesa, en su declaración el pasado diciembre ante el juez señaló que este crédito de 26,5 millones de euros superó todos los filtros y contó con el aval de la Comunidad de Madrid que por entonces presidía Esperanza Aguirre. Según recoge el artículo 56 de la Ley de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, los préstamos a los consejeros de las entidades requieren de autorización por parte de la Consejería de Hacienda.
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