El Ministerio de Economía que dirige Luis De Guindos y el PSOE, principal partido de la oposición, han llegado a un acuerdo sobre las participaciones preferentes emitidas por los grupos de bancos nacionalizados, en las que se encuentran atrapados cientos de miles de clientes particulares.
Según publica Europa Press, que ha tenido acceso al texto del acuerdo, gobierno y oposición proponen que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, y el Banco de España que dirige Luis María Linde ostenten respectivamente la presidencia y vicepresidencia de una comisión de seguimiento que se creará para supervisar los procedimientos de arbitraje de preferentes y deuda subordinada comercializados por las entidades nacionalizadas a particulares.
La primera tarea de esta comisión será establecer el perfil de los clientes que podrán acogerse a estos procedimientos. El ministro Guindos señaló inicialmente que los arbitrajes servirían para devolver el dinero a los afectados en los casos “más flagrantes” de mala comercialización de estos productos.
El mecanismo pactado, que persigue realizar un seguimiento de los resultados de los arbitrajes sobre las preferentes que se apliquen en las entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, Banco de Valencia, CatalunyaCaixa), se extenderá también a otros bancos que en un futuro requieran de ayudas públicas.
El seguimiento se centrará en la realización de un informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos. Según el texto del acuerdo, los objetivos de la comisión serán seguir los procesos de arbitraje mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el filtro de solicitudes.
La comisión, también formada por la Secretaría General de Sanidad y Consumo-Instituto Nacional de Consumo, la del Tesoro y Política Financiera, elaborará un informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.
La comisión tendrá competencias en la comercialización de estos instrumentos híbridos de capital (preferentes y subordinadas), en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos. Su composición se completará con las consejerías autonómicas con competencias en consumo que han participado en los arbitrajes y el Consejo de Consumidores y Usuarios.
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