Bankia debería haber pagado hoy intereses por valor de 13 millones de euros correspondientes a una emisión de obligaciones subordinadas cuyo saldo vivo asciende a 298,4 millones de euros. Sin embargo, la entidad no realizará este abono, lo que ha causado de nuevo malestar entre los empresarios valencianos, atrapados en esta emisión.
Según publica Levante-emv.com, que cita fuentes del mercado, entre los afectados se encuentra el empresario Arturo Torró, también alcalde de Gandia, cuyo grupo de empresas habría invertido en conjunto 22,7 millones de euros que deberían haberle reportado unos ingresos este año cercanos a los 1,2 millones. Otro empresario, cuya identidad no ha trascendido, habría arriesgado en torno a los 4,5 millones.
A principios de mes, la entidad comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este lunes no podrá hacer efectivo este abono debido a las pérdidas correspondientes al ejercicio 2011. “Los intereses diferidos serán acumulables y se harían efectivos de forma diferida cuando se cumplan los condicionantes previstos en el citado Folleto para proceder a su pago”, según aclaró Bankia, esto es, cuando regrese a beneficios.
España podría forzar a los tenedores de deuda junior (preferentes y deuda subordinada) de Bankia a enfrentarse a unas pérdidas de hasta el 50% sobre el importe invertido, según publicaba la agencia Bloomberg, que cita fuentes conocedoras de la situación.
El banco controlado por el Estado planea reducir el valor de la mayor parte de su deuda junior, títulos conocidos como Tier 1, casi a la mitad, con menores pérdidas para otros tenedores, según estas fuentes. Los bonistas de otras entidades crediticias nacionalizadas enfrentan similares.
La agencia señala que el ‘haircut’ se aplicará a través de un canje por acciones, que en principio será voluntario. No obstante, si no hay suficiente aceptación, la operación podría ser de carácter obligatorio.
El memorando de entendimiento (MoU por sus siglas en inglés) firmado entre Bruselas y el Gobierno español establece que los tenedores de participaciones preferentes y deuda subordinada deberán asumir parte del coste de reestructuración de las entidades rescatadas, pero aún no se conoce oficialmente el descuento que se aplicará.
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