Las perspectivas de futuro del empleo en España siguen siendo negras, como han explicado esta misma semana los expertos de la CEOE, cuyos cálculos sitúan la tasa de paro en un 26,5% en 2013. Eso supone que el año que viene se perderán más de 200.000 empleos. Y más del 10% del recorte lo sufrirán los trabajadores del sector bancario.
Los datos no son nuevos pero el momento se acerca y las cifras se elevan con una peligrosa tendencia hacia infinito. El pasado mes de julio ya se conoció que una de la condiciones impuestas por Berlín y Bruselas en el memorándum de entendimiento que Madrid firmó tras realizar la petición oficial del rescate bancario se incluía la exigencia de cerrar sucursales y despedir empleados.
Un proceso que supondría una dura reconversión del sector que es lo que, en opinión de algunos expertos consultados por este diario, constituye en realidad la verdadera reforma financiera que debe realizarse en España.
A partir de aquí las cifras totales de los despidos que llegarán varían considerablemente en una horquilla situada entre los 20.000 y los 35.000 empleos, según los criterios aplicados para hacer esta fatídica cuenta por las distintas consultoras que se han puesto a la tarea. Y esos puestos de trabajo destruidos constituyen un contingente adicional a los 12.000 que se han amortizado ya desde que estalló la crisis financiera española y las antiguas cajas emprendieron el camino hacia la extinción definitiva que parece aguardarles.
Además, tras la nacionalización de las entidades con problemas, un proceso que por el momento afecta a Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia y Banco de Valencia, el coste de esta reestructuración de plantilla recaerá por completo sobre los contribuyentes. Aunque la factura también puede variar según los criterios que se apliquen.
Por los cálculos conocidos hasta ahora sobre este aspecto de la reestructuración, el coste total podría situarse entre 3.000 y 6.000 millones de euros, según se opte por aplicar o no con toda su crudeza, los instrumentos para abaratar el despido que ha puesto en manos del tejido empresarial la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy.
Si se hace así, los nuevos parados verán reducidas sus indemnizaciones o sus ofertas de prejubilación en un 50% sobre lo cobrado por los compañeros que les antecedieron en la pérdida del puesto de trabajo. Según estas estimaciones, los nuevos despidos costarán entonces unos 150.000 euros por trabajador, justo la mitad de los 300.000 que costaron los anteriores.
El horizonte es aún más duro, porque empieza a menguar significativamente el número de empleados con 50 años o más que son suceptibles de entrar en un proceso de prejubilaciones, por lo que todo parece indicar que en esta ronda empezará a llegar los auténticos despidos, sin eufemismos de por medio.
En este contexto, que sólo refleja un proceso que ha mermado ya el empleo de todos los bancos mundiales en cerca de medio millón de personas desde que arrancó la crisis, la negociación entre empresas y sindicatos y la búsqueda de fórmulas intermedias como las reducciones de jornada, puede ser la única y, aún débil, luz que se atisbe para salir del túnel. Siempre que al FMI, el BCE y Bruselas les parezca aceptable, por supuesto. Porque son ellos, según las condiciones aceptadas por España al pedir el rescate, a quienes les corresponde dar o no dar el visto bueno en este proceso.
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