El Gobierno impone una quita de hasta el 80% a los afectados por las preferentes

Era un secreto a voces y se ha confirmado tras el Consejo de Ministros celebrado hoy. La nueva reforma financiera aprobada por el Gobierno obligará a los clientes afectados por las participaciones preferentes de las cajas nacionalizadas a asumir parte de las pérdidas derivadas de su reestructuración.

Según ha explicado en su comparecencia el ministro de Economía, Luis De Guindos, la medida persigue “reducir lo máximo posible el coste para el contribuyente de la reestructuración, tal como estipula la normativa europea de ayudas de Estado”.

En concreto, la normativa aprobada hoy establece que el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado, en los casos en los que considere que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente.

Estas operaciones podrán consistir en ofertas de canje por instrumentos de capital de la entidad de crédito; recompra mediante abono directo en efectivo o condicionado a la suscripción de instrumentos de capital o cualquier otro producto bancario; reducción del valor nominal de la deuda; y amortización anticipada a valor distinto del nominal. Estas acciones deberán tener en cuenta el valor de mercado, aplicando un descuento sobre el nominal acorde con la normativa europea. El margen sobre el precio marcado en los mercados no podrá ser superior al 10%

No obstante, De Guindos ha abierto la puerta a que, con el paso del tiempo, los afectados por las preferentes recuperen sus inversiones. El modo, según ha explicado, sería a través de un canje por otros productos financieros con suficientes intereses para ir compensando las pérdidas. A día de hoy, algunas preferentes cotizan en el mercado con descuentos de hasta un 90%, lo que deja no pocas dudas sobre esta posibilidad.

La protección de inversores minoristas es uno de los bloques que abarca la nueva reforma financiera tras el escándalo de las preferentes, que ofrecían “de modo cosmético” una rentabilidad alta, según ha señalado De Guindos. El Gobierno pretende poner “luz y taquígrafos” a la venta de estos productos, que se desincentivará exigiendo que un 50% se coloque entre inversores institucionales (profesionales). También se establece una cuantía mínima de 100.000 euros para poder invertir en estas preferentes.

También se dará nuevos poderes a la CNMV, y se añadirán nuevas medidas cautelares. Por otro lado, el Gobierno ha eliminado la contribución extra a los depósitos de alta remuneración, la conocida Ley Salgado, que había propiciado las emisiones de pagarés, con menores protecciones para los clientes.

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