Polémica entre el Gobierno y Telefónica por los nuevos planes de la operadora

Los nuevos planes anunciados ayer por Telefónica han sembrado la polémica entre el Gobierno y la operadora. Pocas horas después de anunciar una reestructuración de plantilla en España, la compañía comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la puesta en marcha de un plan de incentivos para 1.900 directivos, repartidos por todas las filiales de un grupo que opera en 25 mercados, desde China a Latinoamérica.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de viaje oficial en Asia, no ha querido comentar la decisión de la operadora hasta conocer los detalles. Sin embargo, el vicepresidente del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afirmado «no estar de acuerdo» sobre la posible reestructuración de plantilla durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Sin embargo, los propios sindicatos de la empresa han eludido hoy hacer manifestaciones tajantes sobre una propuesta, que aún no les ha sido presentada formalmente. A pesar de las críticas de algunos medios, fuentes sindicales de la empresa admiten que si las condiciones son las habituales, el ajuste no será traumático porque los trabajadores se acogerían de forma voluntaria a la reestructuración.

Ya el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, había recordado ayer que “Telefónica posee una tradición de consenso” en reducciones de plantilla anteriores, por lo que “esperamos que sean capaces de tomar las decisiones necesarias para alcanzar acuerdos como lo hicieron en el pasado”. Aunque matizó que quizá este no era un buen momento para una medida de este tipo, admitió que “nuestras compañías tienen que competir en el mundo y que tienen sus necesidades”.

Según lo anunciado en la VIII Conferencia de Inversores, Telefónica quiere negociar con los sindicatos un recorte de hasta el 20% de su plantilla en España para reducir costes y compensar la debilidad del negocio, muy castigado por la crisis del consumo, y para mejorar su posición competitiva. El plan se extendería durante tres años y, si se cumple en su totalidad, supondría la supresión de 6.400 puestos de trabajo de un total de 32.000 empleados.

Durante las pasadas elecciones sindicales en la operadora, la sección de UGT Telefónica se manifestó a favor de poner en marcha negociaciones para adaptar la plantilla a la nueva realidad. Estos ajustes no impedirán, sin embargo, a la operadora cumplir con el compromiso adquirido con el presidente César Alierta y Zapatero de participar y dirigir un programa de contratación de 30.000 becarios dirigido a jovenes en paro, que ha sido aprobado hoy, precisamente por el Consejo de Ministros.

En paralelo, Telefónica informó ayer de madrugada que propondrá a su junta de accionistas del próximo 18 de mayo la aprobación de un plan de incentivos para directivos por un importe de 450 millones de euros. Fuentes del mercado señalan que este tipo de programas es algo habitual entre las grandes multinacionales, aunque el número de beneficiarios (1.900 directivos) es superior a la media habitual en estos casos.

Este no será el único grupo que se beneficie de una retribución en acciones, siempre ligada al cumplimiento de objetivos. La operadora propondrá a su junta un plan restringido de incentivos a largo plazo destinado a los empleados y el personal directivo ligado a la permanencia en la compañía con un máximo de unos 50 millones de euros.

También Telefónica ha anunciado otro plan global de compra incentivada para la totalidad de los empleados del grupo y se compromete a entregar gratuitamente a los destinatarios que se adhieran un número de acciones adicionales. Este programa tendrá una duración mínima de dos años y máxima de cuatro con un importe asignado al mismo no superior a los 65 millones de euros.

La Bolsa española ha ignorado la polémica, en un día marcado por los nuevos aumentos de la prima de riesgo de España. Las acciones de Telefónica se depreciaron hoy un 0,6%, en línea con el Ibex 35.

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