La carrera para poner en marcha cientos de huertos solares antes del 30 de septiembre de 2008 y poder cobrar una prima más sustanciosa generó muchos más fraudes de los que ha revelado la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Según las patronales del sector, las plantas irregulares tienen una potencia instalada de 600 megavatios (MW), en lugar de los 32,5 MW descubiertos por el regulador energético.
Agosto de 2008 fue la frontera entre la derogación del RD 661/2007 y la entrada en vigor del 1578/2008, que suponía el paso de una tarifa favorable (47,5 céntimos/kWh) a otra menor (32,6 céntimos/kWh). Ahora, por propuesta de la CNE, 350 instalaciones fotovoltaicas dejarán de cobrar cautelarmente la prima que recibían, al no haber acreditado que en esa fecha “tenían los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica”. Pero las plantas afectadas podrían ser todavía más. La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) han asegurado a EL BOLETIN que la energía que acumulan las instalaciones fraudulentas es 18,5 veces mayor a la anunciada por la CNE, y que podría alcanzar los 600 megavatios.
Para las patronales, lo sorprendente no ha sido la detección de fraudes en las plantas, sino que la CNE, en cumplimiento de una orden del Ministerio de Industria, haya tardado tanto en comenzar las inspecciones. Hace ya varios meses, las empresas del sector, a través de las principales asociaciones, respaldaron las investigaciones para recuperar las primas cobradas de forma indebida.
Desde ASIF y APPA lamentan que el regulador no haya pedido aún la documentación a la totalidad de las instalaciones españolas, que superan las 55.000. Además, las patronales aseguran que si se destaparan todas las plantas fraudulentas, se ahorraría entre el 20% y el 30% del total de las primas que recibe la fotovoltaica, lo que supone entre 500 y 800 millones de euros.
Sin embargo, con la suspensión del pago de las primas propuesta por el regulador energético al departamento que dirige Miguel Sebastián, el ahorro se limitará a los 26,5 millones de euros, que no obstante supondrán un alivio para el abundante déficit de tarifa eléctrico.
Las plantas fotovoltaicas fraudulentas detectadas por la CNE se encuentran ubicadas en una treintena de provincias, aunque la mayoría se concentran en Ciudad Real, Cuenca, Murcia, Cáceres y Badajoz.
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