Bruselas ha decidido aplazar hasta después del verano su veredicto sobre el Real Decreto del Gobierno español para incentivar el uso de carbón nacional en la generación de electricidad. Aunque tanto el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, como el titular de Competencia, Joaquín Almunia, defienden la legalidad de los subsidios, una mayoría de comisarios se opone.
El Ejecutivo aprobó en febrero un decreto que pretende obligar a las compañías eléctricas a quemar carbón nacional con un precio subvencionado, con el objetivo de eliminar los excedentes de producción minera acumulados. El argumento de España es la seguridad energética, una posibilidad contemplada en las directivas europeas de liberalización del sector eléctrico.
Pero varios comisarios como el de Medio Ambiente, Janez Potocnik; la de Acción Climática, Connie Hedegaard, o el de Industria, Antonio Tajani, creen que su aprobación sería una incoherencia con la Estrategia 2020. Es decir, con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 que se ha marcado la Unión Europea. Varios comisarios piden, incluso, una investigación para comprobar si la seguridad energética con la que España justifica la norma se vería o no dañada y recuerdan que las críticas a los subsidios vienen también de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). También las compañías eléctricas y las gasísticas nacionales se oponen a su aprobación.
La CNE critica duramente el procedimiento seguido por Industria para habilitar las ayudas al carbón autóctono. .Entre otros motivos, porque reducirán las horas de funcionamiento de las centrales de gas y carbón importado hasta poner en riesgo su continuidad, lo que tendría un impacto en la seguridad del sistema eléctrico. Las últimas medidas del Gobierno en materia energética, para ayudar a las renovables y a la industria del carbón nacional, tendrán un sobrecoste en el recibo de la luz en los próximos cuatro años de 30.000 millones de euros, según cálculos del propio Gobierno y de la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Al margen de esta decisión, la Comisión Europea propuso hoy prorrogar hasta 2014 las ayudas públicas al carbón, que expiraban a finales de 2010, pero supeditando cualquier nueva subvención a funcionamiento a que se presente un plan de cierre para las minas deficitarias, que se sitúan principalmente en el norte de España, Alemania y Rumania..
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