La Ley de Morosidad ‘sube la tensión’ entre el Gobierno y las constructoras

Un portavoz de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI) ha asegurado a EL BOLETÍN que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Morosidad, a las empresas del sector les será imposible hacer frente a los pagos a sus proveedores, si no piden un crédito a los bancos. Por su parte el portavoz Ministerio de Fomento ha eludido hacer declaraciones ante las preguntas de este diario sobre las posturas de las constructoras.

El portavoz de la ANCI informó que de momento no tomarán medidas contra la nueva Ley de Morosidad, pero sí expresó su total desacuerdo con respecto a las cláusulas de esta ley, de la que mantienen la opinión de que será imposible aplicarla en un sector con tanta dificultad en los cumplimientos de los periodos de pago como el de la construcción.

El colectivo hizo hincapié en que el decreto debería incluir ciertas excepciones aplicables a estas empresas. Pese a su crítica, ANCI consiguió que una de sus propuestas, consistente en que éstas tuvieran un plazo de dos años para adaptar su política financiera a la nueva ley, fuera incluida. Las grandes patronales de la construcción como SEOPAN y Ancop coinciden con la ANCI en que la nueva legislación será imposible de aplicar ya que los plazos establecidos para el pago de la deuda son difíciles de cumplir.

Según la legislación, las empresas tienen 60 días para pagar a sus proveedores y distribuidores, mientras que las administraciones públicas deben realizar los pagos en el período de 30 días, algo que consideran inviable ya que las entidades publicas en la actualidad tardan de media 157 días en pagarles. A esta restricción se le une la eliminación del crédito comercial, el cual permitía a estas sociedades acordar con sus proveedores un retraso en los desembolsos o emitirlo mediante una letra de cambio. Esto deja a las empresas de este sector con la única posibilidad de financiarse a través de los créditos bancarios.

Los delegados de las empresas del sector de la construcción tras declarar que las Administraciones Públicas no podrán cumplir el plazo de 30 días de pago que tiene dispuesta la ley (ya que de media éstas compañías tardan en cobrar del sector público alrededor de 157 días),también trataron el tema de los créditos blandos del ICO. Dichos créditos, que facilitan a los ayuntamientos el pago de las deudas que puedan tener con las constructoras, son considerados por el ‘sector del ladrillo’ como insuficientes de cara a acabar con la morosidad de los consistorios.

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