Categorías: Economía

El Banco de España cuestiona la reforma financiera de De Guindos

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha elegido un día singular en que la prima de riesgo ha llegado a tocar los 427 puntos, para mostrarse muy critico con la reforma financiera aprobada por el Gobierno. Según él, si la economía empeora “habrá que seguir aumentando y mejorando” el capital de los bancos», justo el mismo argumento que usan los especuladores para atacar a la deuda española.

Ordóñez ha realizado estas declaraciones durante la apertura del XIX Encuentro del Sector Financiero organizado por ABC y Deloitte, un foro en el que también ha asegurado que que la última reforma del sector financiero aprobada por el Gobierno, «absolutamente necesaria», no será «por sí sola suficiente para que el crédito vuelva a fluir».

El gobernador, cuyo mandato finaliza este mismo año, ha aprovechado asimismo su intervención para destacar que «el crédito no mejorará mientras no aumente la demanda solvente», lo que pone de relieve, a su juicio, la necesidad de «acometer otras reformas que den confianza a inversores y consumidores», como la reforma laboral o la reducción del déficit público.

Otra linea de trabajo que el Banco de España deberá acometer en el futuro es la de «avanzar en la reducción de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros para evitar duplicidades» una vez que han traspaso sus negocios financieros a bancos de nueva creación que, «a partir de cierto tamaño, deberían cotizar todos en Bolsa».

Fernández Ordóñez ha puesto además sobre la mesa lo que él ha definido como «una alternativa de mayor enjundia», que pasaría por aprobar «una ley que obligase a las cajas a que, en un plazo razonable, dejasen de participar de forma significativa en entidades de crédito e invirtieran en lo que deseen para seguir desarrollando su obra social».

El gobernador ha advertido además de que es «trascendental seguir respetando la autonomía del Banco de España en su actuación supervisora» sin «interferencias» de los Gobiernos, ya que «las decisiones de supervisión se deben tomar con criterios exclusivamente profesionales».

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M.F.

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