“Notables irregularidades” en la gestión de CatalunyaCaixa entre los años 2000 y 2007 habrían provocado un ‘agujero’ de 720 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra 15 exaltos cargos de CatalunyaCaixa, incluyendo el expresidente Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, por “notables irregularidades” en la gestión de la entidad entre los años 2000 y 2007, que habrían provocado un ‘agujero’ de 720 millones de euros.
Según recoge la agencia Europa Press, Anticorrupción defiende que la caja catalana realizó en este periodo “una intensiva y creciente actividad inversora inmobiliaria” que fundó principalmente en proyecciones y expectativas de negocio de futuro incierto y no respaldadas por el necesario análisis de solvencia.
El Ministerio Público ha presentado la denuncia por un presunto delito continuado de administración desleal por unas irregularidades que detectó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), y el texto constata que en ese periodo la caja ejecutó las inversiones, a través de una filial, en España, Polonia y Portugal.
“En la mayoría de casos analizados el aval y fiabilidad que desde la entidad se otorgó a las proyecciones efectuadas por la filial inmobiliaria y a las manifestaciones de los socios inmobiliarios copartícipes de las inversiones supuso acometer las inversiones confiando en la palabra del socio, sin previos informes externos independientes al proyecto y sin realizar análisis exhaustivos de aspectos tales como la solvencia y capacidad de los asociados”, destaca la denuncia que asumirá un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía asumió la denuncia presentada por el FROB, que considera que esta actuación le provocó un perjuicio que ha calculado teniendo en cuenta el precio de adquisición de los terrenos y su posterior adjudicación a la Sareb.
La caja, a través de sus órganos de gobierno, acordó intervenir en estas promociones mediante sociedades participadas en las que se reservaban la mayoría del capital. Mediante este sistema llegaron a adquirir terrenos no urbanizables o incluso calificados como de especial interés. En la mayoría de los contratos no se estableció cláusulas suspensivas o resolutorias del pago del precio condicionadas a la efectiva realización de los proyectos. Tampoco hicieron tasaciones por expertos independientes.
En cuanto a la actuación del que fuera vicepresidente del Gobierno de Felipe González, Narcís Serra, la denuncia especifica que se ha detectado “una total falta de preparación técnica” de la mayor parte de los miembros del consejo de administración para aprobar cualquier propuesta. Por ello, la Fiscalía concluye que se daba una total ausencia de control en la toma de decisiones que favoreció que el presidente, el director general y su adjunto fueran “quienes realmente decidían en la caja, sin que sus decisiones jamás fueran puestas en entredicho”.
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