El sindicato afirma que el decreto aprobado confirma “la nula voluntad de consenso” del Gobierno y “su desprecio a los principios democráticos”. La Unión General de Trabajadores (UGT) ha cargado contra el Gobierno después de que este viernes el Consejo de Ministros haya aprobado la reforma de la estiba. Para el sindicato el Ejecutivo de Mariano Rajoy “provoca una crisis innecesaria al imponer por decreto” esta reforma.
“La imposición, vía decreto, de la reforma del sector de la estiba”, señala UGT en un comunicado, “viene a confirmar la nula voluntad de consenso manifestada por la Administración durante estos días y su desprecio a los principios democráticos más elementales”. De ahí que el sindicato censura “que no haya tomado en consideración ninguna de las alternativas planteadas por los sindicatos ni respondido a nuestras numerosas dudas y preguntas”.
Asimismo, la Unión General de Trabajadores sostiene que el contenido del real decrete “excede con mucho los límites y condiciones establecidos por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014”. “Dicha sentencia, a cuyo cumplimiento jamás nos hemos opuesto, ha sido utilizada torticeramente por el Ministerio de Fomento para poner en marcha una desregulación salvaje”, denuncia el sindicato, que alerta de que “acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal”.
UGT también reprocha al Gobierno del PP su “intransigencia” al decretar “sin consenso” esta reforma y destaca que los cambios de criterio de la patronal Anesco “condicionan y comprometen gravemente las negociaciones abiertas en el marco de la negociación colectiva”. Para el sindicato de Pepe Álvarez “en este nuevo escenario, y aún en contra de nuestra voluntad inicial, la posibilidad de que ejerzamos responsable y conscientemente nuestro legítimo derecho a la huelga aumenta por momentos”.
La Unión General de Trabajadores “tratará de agotar la vía del diálogo”, pero advierte de que “esta es cada vez más estrecha”, aunque confían en que los grupos de la oposición “piensen en el bien común y enmienden durante su tramitación parlamentaria los puntos más controvertidos del real decreto recién aprobado”.
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