La última sentencia del TJUE “viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas”, señala la PAH. La sentencia emitida hoy por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas de vencimiento anticipado “abre la puerta a exigir la nulidad de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y los desahucios desde 1995”, según considera la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
En un comunicado, la PAH recuerda que es “la octava sentencia que confirma y da la razón a las que llevamos ocho años denunciando la estafa hipotecaria y la complicidad de los diferentes gobiernos”, aunque destaca que “no es una sentencia más porque ésta viene a decir que es ilegal y nula la cláusula del vencimiento anticipado de las hipotecas”.
Esta cláusula, que contienen todas las hipotecas, permite a la banca reclamar la totalidad de la deuda pendiente, más los intereses correspondientes una vez que se dejan de pagar tres cuotas, explica la plataforma. “Cuando llegas a este punto y el banco te reclama de golpe que pagues la totalidad de la hipoteca de una vez, lógicamente no puedes pagar de golpe, y el banco, amparándose en esta cláusula ejecuta judicialmente la hipoteca; proceso que te condena al desahuciado y a una deuda de por vida”.
“Dado que es precisamente en esta cláusula en la que se basan todas las ejecuciones hipotecarias, podemos afirmar sin ningún temor que todas las ejecuciones hipotecarias y desahucios habidos desde el 1 de enero de 1995, fecha en que debieron haber sido implementadas las medidas contenidas en la directiva 93/13/CE, lo han sido mediante la aplicación de una legislación que además de injusta, inhumana y criminal, era también ilegal”, afirma la PAH.
Ahora, con esta nueva sentencia de la Justicia Europea la plataforma avisa de que exigirá y reclamará la declaración de nulidad de todas las ejecuciones hipotecarias y los desahucios que se han producido desde 1995. “No solo vamos a exigir la declaración de nulidad, sino la restitución de derechos y la reparación de los daños producido a más de 700.000 familias desde 2008 y a todas aquellas que han sufrido las consecuencias desde 1995 de la ilegal ley hipotecaria española”.
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