El Tribunal Supremo sentenció que el Ejecutivo debe indemnizar con 500 millones de euros a las principales eléctricas por hacer costeado el bono social de la luz. El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar con casi 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años, según han declarado fuentes del Ejecutivo a Europa Press.
La sentencia, dictada a finales de octubre, no solo reconoce el derecho de las eléctricas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, lo que obligó al Gobierno a diseñar un nuevo sistema para que sean las comercializadoras las que asuman ese coste.
El recurso podría postergar el pago del Gobierno a Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP España, aunque el importe final está pendiente de que el Supremo proceda a la ejecución de la propia sentencia. El dinero de la indemnización, de hacerse efectiva, se cargará sobre la tarifa eléctrica o sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En su recurso ante el Constitucional, el Gobierno argumentará que el Supremo ha incurrido en una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por no haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), indica Europa Press.
En concreto, el Gobierno quiere que se consulte a Luxemburgo después de que una sentencia del TJUE del pasado 7 de septiembre avalase la traslación al sector eléctrico de unas ayudas en Francia vinculadas con la tarifa de gas.
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