El PP “ha reconvertido en déficit estructural lo que era coyuntural”, considera la portavoz socialista Mercè Perea. El grupo socialista ha registrado este lunes una solicitud de comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para que explique ante el Congreso la estimación de cierre de las cuentas de la Seguridad Social en 2016.
La portavoz de la Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Toledo, Mercè Perea, ha denunciado hoy que, “no es neutro, ni baladí, ni casual que el Gobierno, en vez de buscar alternativas para solventar el desequilibrio de la Seguridad Social haya hecho dejación de sus obligaciones y, en ocasiones, haya contribuido a su inestabilidad con políticas regresivas en ingresos”.
Después de que se haya sabido que la recaudación por cotizaciones sociales queda 15.000 millones por debajo de lo previsto por el Gobierno (se han recaudado 102.000 millones sobre los 117.000 previstos), la diputada constata que el PP “ha reconvertido en déficit estructural lo que era coyuntural”.
Por ello, ha solicitado de nuevo la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social en la Comisión para que dé cuenta de la estimación del cierre provisional de las cuentas de la Seguridad Social 2016 y de las medidas a adoptar a corto, medio y largo plazo de saneamiento del déficit.
El Ministerio de Empleo dará a conocer el próximo jueves los datos provisionales de cierre de las cuentas del sistema en 2016.
La diputada socialista ha afirmado que durante los cinco años de Gobierno del PP hay otras medidas que han afectado a la sostenibilidad del sistema, como “la práctica congelación del SMI, la precarización en las condiciones laborales, la desaparición de la cotización a los trabajadores desempleados entre 52 y 55 años, becarios o cuidadores profesionales, o la irregularidad en la imputación de los costes de las políticas activas de empleo al Presupuesto de la Seguridad Social”.
A su juicio, se trata de “una caterva de políticas nefastas que han producido la pauperización del sistema”, a lo que se suma que los pensionistas españoles perderán en los próximos 10 años “un 20% en su poder adquisitivo”.
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