El FROB asegura que la protección contra posibles reclamaciones por clausulas suelo solo se aplicó en la adjudicación de Novagalicia. El fin de las polémicas cláusulas suelo en el sistema hipotecario español tendrá una impopular derivada. Según las condiciones otorgadas por el Banco de España en la adjudicación de Novagalicia, su heredera Abanca imputará directamente al bolsillo del contribuyente los cargos a los que tuviera que afrontar por el fin de este negocio.
La factura con cargo a las arcas públicas podría haber sido mucho mayor, pero un portavoz del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha confirmado a EL BOLETÍN que la protección contra posibles reclamaciones por cláusulas suelo “sólo se concedió en NCG”. Ninguna de las otras adjudicaciones cerradas en los últimos años, incluso aquellas que incluían esquemas de protección de activos, incluía garantías para las entidades adjudicatarias de aquellas más quebradizas.
De este modo, el organismo dependiente del Banco de España y responsable de la reorganización del sector financiero español corrobora lo que Abanca había anunciado hace unos días. La entidad heredera de lo que fueron Caixanova y Caixa Galicia, actualmente en manos del grupo venezolano Banesco, anunció que cualquier reclamación que recibiera en torno a estos suelos de interés sería asumido en un 85% por el FROB, además de defender que su caso ya había sido juzgado por el Tribunal Supremo en mayo de 2013 y que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no sería de aplicación directa.
En este sentido, otras entidades en una situación similar han seguido el mismo discurso. BBVA, que resultó adjudicataria de los dos grupos en los que se unieron las antiguas cajas de ahorros catalanas (Unnim y Catalunya Caixa), explica que “está pendiente del posicionamiento del Tribunal Supremo respecto a la sentencia dictada por el TJUE”, por lo que hasta que no haya pronunciamiento no se tomarán decisiones al respecto. Desde el banco que preside Francisco González se ha especificado que los contratos de adjudicación cerrados con el FROB “tienen una cláusula de confidencialidad” que impide hablar públicamente de las garantías ofrecidas en cada caso, “sin perjuicio” de que el organismo público pueda pronunciarse sobre las mismas.
La sentencia del Supremo de hace tres años y medio obligó a la entidad gallega, entonces bajo el nombre de Novagalicia Banco, a retirar las cláusulas a 90.000 clientes, así como a devolver las cantidades aportadas por estos hasta la fecha de la sentencia. Desde entonces la entidad no cuenta con contratos hipotecarios con esas cláusulas, salvo algunos heredados de Banco Etcheverría.
La asociación de consumidores Acouga cifra en casi 77.300 los afectados por las cláusulas suelo de Abanca en el conjunto del estado español, según declaraciones de su presidente, Manuel Pérez, a Europa Press. Este dato procede de una notificación que la propia entidad financiera hizo a clientes después de presentar una demanda colectiva, que fue admitida por el juzgado de Primera Instancia número 11 de La Coruña el pasado febrero.
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