El real decreto aprobado por el Gobierno limita la financiación de esta ayuda a las comercializadoras. El Gobierno ha aprobado este viernes el real decreto que modifica el sistema de financiación del bono social para que las empresas eléctricas asuman el coste, después de que el Tribunal Supremo tumbara ya dos veces el mecanismo al entender que se producía una discriminación, pues no todas las compañías estaban obligadas a hacer frente a este coste. Como ha confirmado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ahora lo financiarán “el 100%” de las comercializadoras.
El bono social fue instaurado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cumplimiento de una directiva de la Comisión Europea que reconoce la protección de los consumidores eléctricos más vulnerables. La adaptación de esta norma en España se tradujo en un descuento del 25% en el recibo de la luz a los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratada, los pensionistas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro. Actualmente, a esta ayuda están acogidos, en bases a los citados requisitos, 2,4 millones de hogares (unos 7 millones de personas) y costearla supone 190 millones de euros al año.
Hasta ahora, las comercializadoras independientes estaban exentas. Por ello, el fallo del Alto Tribunal argumentaba que el sistema “hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”
Sin embargo, pese a los cambios, empresas del sector como Red Eléctrica, Acciona y Abengoa seguirán si participar en el pago de esta ayuda que actualmente supone un importe de cerca de 200 millones de euros anuales, pues no son comercializadoras.
Unidos Podemos, y en un principio el PSOE habían abogado porque se extendería el pago de la subvención a todas las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras, lo que obligaría a estas tres cotizadas a entrar en el reparto.
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