El real decreto tachará de “muy grave”, “grave” o “leve” las infracciones que cometan las compañías y las sanciones irán desde los seis millones hasta los 60. Las primeras pinceladas del acuerdo entre el Gobierno y el PSOE sobre el pacto contra la pobreza energética van apareciendo. Según el borrador al que ha tenido acceso Europa Press, el real decreto incluirá la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy imponga sanciones de hasta 60 millones de euros a las eléctricas que no cumplan con sus obligaciones con el nuevo sistema de financiación del bono social.
Concretamente, la nueva norma recogerá tres niveles de infracciones: muy graves, graves y leves. Estas calificaciones implican penalizaciones por importe de entre seis y 60 millones de euros. Unas sanciones que se podrán aplicar cuando la compañía “deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social”, siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a cinco millones de euros.
Otro de los casos que sería motivo de infracción “muy grave” sería si se da el caso de apreciar “falseamiento u ocultación de datos sobre el número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social”.
Por su parte, el borrador incorpora al régimen de sanciones “graves” las conductas consistentes en dejar de ingresar los importes del bono social en cantidades de entre 500.000 y cinco millones de euros. Las multas para este tipo de actuaciones oscilan entre 600.000 y seis millones de euros. A su vez, también se calificará con este apelativo a aquellas comunicaciones de datos inexactos sobre el número de clientes o la energía suministrada por las comercializadoras encargadas de costear el bono social. Hasta la fecha, la normativa sobre consumidores vulnerables y el bono social no recogía ningún tipo de sanción explícita.
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