El juicio oral a la antigua cúpula de la CAM se celebrará entre el 29 de mayo y el 21 de julio del próximo 2017. La Audiencia Nacional ha decidido posponer hasta el próximo 29 de mayo el juicio a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entre ellos el expresidente Modesto Crespo y los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, que están acusados de estafa, falsedad y apropiación indebida.
Aunque en principio estaba previsto que la vista se iniciase en enero, la sección cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido emplazar finalmente a las partes entre el 29 de mayo y el 21 de julio de 2017, según un auto publicado hoy.
En este juicio están acusados, además de Crespo, López Abad y Amorós, el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
A los acusados se les atribuyen delitos societarios en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, estafa de inversores, estafa agravada, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
Como autores de un delito de falsedad contable y estafa, la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.
Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
La acusación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros. En el caso de Sabater, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.
La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.
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