Desde Ciae se reclama también que Uber y Blablacar comiencen a cotizar por sus trabajadores así como gravámenes a las empresas que sustituyan trabajadores por robots. Los autónomos dan otra vuelta de tuerca a la ‘tasa Tobin’ mientras su implantación sigue bloqueada en Europa. Ahora proponen que una vez se fije este gravamen sobre transacciones financieras, su recaudación sirva para engordar la debilitada hucha de las pensiones públicas y solventar así el “problema” de su estabilidad a futuro.
“Ahora que la hucha de las pensiones está bajo mínimos, este impuesto ayudaría a su recuperación”, defiende la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (Ciae). Los autónomos reclaman esta medida ente el “clamor de miedo” de los ciudadanos porque “el futuro de las pensiones está amenazado” mientras no se introduzcan “mecanismos nuevos de recaudación”.
Con estas premisas, señalan que “si es justo pagar el IVA por una barra de pan o por ver una película en un cine”, lo extraño es que los movimientos de divisas, acciones, derivados y otros productos de inversión “no pagan nada”. Además, señalan que en Francia un impuesto de este tipo lleva vigente desde el año 2012 y que la directiva elaborada por la Comisión Europea un año antes fue aprobada en 2013 aunque no se ha procedido a su aplicación.
Más allá del impuesto a las transacciones financieras, desde Ciae exigen que empresas como Uber y Blablacar, “que se camuflan con el envoltorio de economía colaborativa” pasen a cotizar a la Seguridad social debidamente por sus trabajadores y “salgan de la economía sumergida”. También, que se desincentive el uso de robots que destruyen puestos de trabajo mediante la fijación de “medidas de cotización e impositivas” a las empresas que hagan uso de esta tecnología.
En cualquier caso, todo apunta a que en caso de consumarse, la ‘tasa Tobin’ no será una realidad en el sistema impositivo español hasta el año 2018 como pronto. El ministro de Economía, Luis de Guindos, advirtió de esta situación el pasado octubre al asegurar que las posiciones entre los diez países europeos que se comprometieron a implantarla siguen muy distantes y que hasta la fecha tan solo han logrado “por primera vez una especie de consenso sobre los principios básicos que forman este impuesto”.
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