Tercer intento para que las eléctricas costeen el bono social

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, se reunirá hoy con el resto de grupos para determinar una reforma que obligue a las compañías del sector a financiar la ayuda, después de que el Supremo lo haya rechazado en dos ocasiones. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se reunirá este jueves con los portavoces de Energía del Congreso de los Diputados para abordar la reforma del bono social eléctrico. La intención del nuevo ministro es que sean las compañías del sector eléctrico las que sufraguen esta ayuda y no los contribuyentes, algo que ya ha rechazado dos veces el Tribunal Supremo.
 
El bono social fue instaurado en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en cumplimiento de una directiva de la Comisión Europea que reconoce la protección de los consumidores eléctricos más vulnerables. La adaptación de esta norma en España se tradujo en un descuento del 25% en el recibo de la luz a los usuarios con menos de 3 kW de potencia contratada, los pensionistas, las familias numerosas y los hogares con todos los miembros en paro. Actualmente, a esta ayuda están acogidos, en bases a los citados requisitos, 2,4 millones de hogares (unos 7 millones de personas) y costearla supone 190 millones de euros al año.
 
Las grandes eléctricas del país debían encargarse de financiar este importe, sin embargo, el Supremo falló en 2012 contra este sistema al entender que había discriminación hacia estas compañías y obligó al Estado a devolverles las cantidades ya aportadas con intereses.
 
Tras ello, el Gobierno modificó el mecanismo de financiación para que también contribuyesen a costear la ayuda las empresas de comercialización, de forma que se acabara con la discriminación. Sin embargo, a finales del mes pasado el Alto Tribunal volvió a tumbar el bono social eléctrico tras los recursos presentados por EON España y Endesa con los mismos argumentos.
 
“Hace recaer la carga de financiación sobre determinados agentes del sistema eléctrico, con exclusión de otros, de manera indefinida y sin ningún tipo de medida compensatoria”, señala la sentencia, que sostiene además que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.
 
En esta ocasión, la indemnización superaría los 500 millones de euros, pero el Ministerio de Energía ya ha solicitado la nulidad del fallo. Nadal busca ahora alcanzar con el resto de grupos una solución para que las compañías sigan pagando esta ayuda.
 
Su idea es que todas las empresas vinculadas a la comercialización de energía eléctrica, incluso las comercializadoras independientes, hasta ahora exentas, sufraguen el bono social. Además, ha asegurado ayer en su primera intervención en el Congreso que pretende mejorar el mecanismo de ayuda con el fin de llegar a más gente, en especial a los ciudadanos que sufren “una vulneración severa”.
 

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