El juicio oral a la antigua cúpula de la CAM se celebrará entre el 17 de enero y el 2 de marzo del próximo 2017. El juicio oral a la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), incluyendo a los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós y al expresidente Modesto Crespo, se celebrará entre el 17 de enero y el 2 de marzo del próximo 2017.
La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha decidido fijar para los meses de enero (17, 18, 19 y 20), febrero (días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27 y 28) y marzo (días 1 y 2) las sesiones del juicio de la pieza principal por las presuntas irregularidades en la malograda caja de ahorros y en el que se admiten o rechazan las pruebas propuestas por las partes para la vista oral.
En este juicio están acusados, además de Crespo, López Abad y Amorós, el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, el exdirector general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater, y el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa.
A los acusados se les atribuyen delitos societarios en su modalidad de falsedad de las cuentas anuales, estafa de inversores, estafa agravada, apropiación indebida, administración desleal y falsedad en documento mercantil.
Según recoge Efe, como autores de un delito de falsedad contable y estafa, la Fiscalía solicita siete años y medio de cárcel para López Abad, Amorós, Sogorb, y Martínez García, además de una multa de 400 euros diarios durante quince meses (180.000 euros) a cada uno, si bien no atribuye ningún cargo al expresidente de la caja.
Como cómplices de falsedad contable, el Ministerio Público pide un año y dos meses de prisión para Sabater Navarro y Ochoa Pérez, y multa de 9.000 euros a cada uno, mientras que a Soriano Terol se le imputa un delito de estafa con una petición de diez meses de prisión y una multa de 12.000 euros.
La acusación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) atribuye además al expresidente Crespo, a la exdirectora Amorós y a Teófilo Sogorb un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, por lo que solicita nueve años de cárcel y una multa de 144.000 euros; para López Abad y Martínez, por falsedad societaria, solicita tres años de prisión y una multa también de 144.000 euros. En el caso de Sabater, el FGD reduce la petición a dos años de cárcel y una multa de 81.000 euros por cooperador necesario del delito de falsedad societaria.
La acusación popular, por su parte, eleva la petición de penas a dieciséis años de cárcel para cada uno de los ocho acusados, y solicita que éstos indemnicen a los demandantes con 19,1 millones de euros.
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