“Debería investigarse si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la CNMV”, señala la Audiencia Nacional en un auto. La Audiencia Nacional ha decidido levantar por segunda vez el archivo del caso por las cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), productos en los que quedaron atrapados unos 55.000 pequeños ahorradores, y ha ordenado a la juez de instrucción Carmen Lamela reabrir las diligencias de investigación.
En un auto fechado el pasado 11 de octubre que recoge la agencia Efe, el tribunal considera “imprescindible” la práctica de nuevas pruebas, como la propuesta por la asociación de consumidores Adicae que consiste en la declaración de afectados y comerciales de la entidad para aclarar los pormenores de la información ofrecida al cliente.
“Si efectivamente las cuotas acabaron al 99% en manos de minoristas debería investigarse si la inversión constituyó una maniobra de ocultación a la CNMV de la realidad de la operación”, expone el escrito, que de este modo contradice el criterio de la juez Lamela.
En autos anteriores, la titular del juzgado central de Instrucción número 3 rechazó dicha prueba testifical, solicitada por varias acusaciones particulares, al estimarla poco relevante para el devenir de la causa. El pasado junio, la magistrada volvía sobreseer esta pieza separada del caso CAM al estimar que los estados financieros de la emisión y suscripción de las cuotas eran los de diciembre de 2007, no aquellos de 2010 y 2011, sobre los que recaen las sospechas.
Ahora la sala estima los argumentos de los afectados, quienes alegaron que, pese a todo, cuando se tramitó dicha operación en el primer semestre de 2008, los directivos de la extinta caja, hoy integrada en Banco Sabadell, ya “incurrieron en prácticas atípicas y en conductas no adecuadas” que perjudicaron al inversor, como se desprende del peritaje del Banco de España presente en el sumario.
De igual modo, niega que se trate de una “investigación prospectiva” máxime cuando algunos de los testigos, entre ellos un exconsejero y otros exempleados de la CAM, desvelaron posibles indicios de una actuación delictiva en la comercialización entre minoristas y jubilados de las cuotas.
El escrito que recoge Efe, también afea la conducta del Ministerio Fiscal, que señaló una supuesta falta de parcialidad por parte de uno de los integrantes de la sección tercera de la sala de lo Penal, a quien no se identifica. En este sentido, el tribunal, compuesto por los jueces Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y Ana María Rubio, rechaza dicha consideración por “extemporánea” ya que el fiscal “no hizo manifestación alguna” cuando conoció su composición.
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