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Los bufetes lamentan la “decisión política” sobre las cláusulas suelo

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Los bufetes consideran que el abogado general ha tomado la decisión considerando el escenario actual en Europa tras el Brexit. El apoyo que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de Luxemburgo ha dado a los bancos en el juicio sobre la reciprocidad de las cláusulas suelo ya ha sido contestado por los bufetes de abogados afectados, que atribuyen un sesgo más político que económico a la resolución.
 
Según recoge la agencia Efe, para algunos de los bufetes que tramitan en los juzgados las reclamaciones de los consumidores sobre cláusulas suelo, el tribunal ha tomado en consideración el contexto político abierto en Europa tras al referéndum sobre el Brexit y las consecuencias que tendría para la banca española devolver la totalidad de lo cobrado.
 
Juan Ignacio Navas, sociodirector de Navas & Cusí, explica a la agencia que el dictamen “hay que enmarcarlo en el pánico postbrexit, ya que la situación europea es absolutamente excepcional”.
 
Que el primer contribuyente abandone el club, señala Navas, no puede dejar indiferentes a las instituciones europeas, y a ello hay que añadir la debilidad del euro, los problemas de la banca italiana y un contexto macroeconómico de debilidad en Europa. El contexto histórico europeo actual es de “shock”, indica el abogado, que entiende que el TJUE ha resuelto “con criterio de prudencia y sensatez”, aunque ello no significa que le haya dejado satisfecho la resolución.
 
Todo el mundo tiene derecho a ver plenamente resarcidos sus derechos, matiza, pero “Luxemburgo no ha hecho lo deseable, sino lo responsable”.
 
Desde V Abogados aclaran a Efe que las conclusiones del abogado general “son más políticas que técnicas”, ante el escenario que abriría para los bancos la aceptación de la retroactividad en las indemnizaciones y su trascendencia a nivel europeo.
 
El despacho recuerda que si la sentencia final permite la retroactividad en las compensaciones, supondría para los bancos un coste de cerca de 5.000 millones de euros, a los que habría que sumar los 4.700 millones de euros incluidos en el límite temporal del Supremo de mayo de 2013.
 
Desde ‘El Defensor de tu Vivienda’ recuerdan que la sentencia final, que se conocerá previsiblemente a finales de este año, sólo afectará de manera directa al caso que se enjuiciaba, e indirectamente al resto de reclamaciones judiciales, puesto que la decisión que adopte el TJUE será la que seguirán los tribunales españoles.

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