La familia Cierco, titular de un 75,5% de BPA, considera que la entidad habría sido viable si las autoridades del Coprincipado hubieran respetado sus derechos. Los accionistas de control de Banca Privada d’Andorra (BPA) han dado un paso más en su lucha judicial. Los Cierco, familia inversora de referencia en el capital de la entidad, reclama a las autoridades del Coprincipado una indemnización de 364,6 millones de euros en “daños” por haber “destruido el banco” con sus “acciones negligentes, temerarias y arbitrarias”.
La demanda que han redactado, de 125 páginas de contenido, se dirige contra el Gobierno de Andorra y contra el Instituto Nacional Andorrano de Finanzas (Inaf), a los que acusa de haber arruinado la entidad con las decisiones tomadas desde la intervención de su gestión el pasado 10 de marzo de 2015. Los Cierco incluso apuntan a “un fallo” en el cumplimiento de las “obligaciones constitucionales” de las autoridades también antes de la referida intervención pública.
El importe de la indemnización que exige la familia inversora se fundamenta en dos valoraciones de expertos independientes, según han destacado sus portavoces. Sin embargo, la cifra que reclaman por su 75,5% en el capital de BPA asciende a una suma equivalente al PIB anual de toda la economía andorrana. Su abultada exigencia la justifican también en que “si se hubieran aceptado [sus] numerosas advertencias y solicitudes” se podría haber amortiguado “la destrucción de sus activos”, recoge el comunicado oficial.
Un portavoz de la familia Cierco lamentó que “hace 15 meses, BPA era un negocio saludable, conforme y robusto con una gran oportunidad de crecimiento”, mientras que “ahora se ha destruido el banco” sin que a los inversores mayoritarios se les haya brindado nunca “el derecho a poder defenderse”. Asimismo, lamenta que “los gobiernos de EEUU y Andorra actuaran de forma exclusiva detrás de puertas cerradas sin ninguna transparencia”
La voz de alarma que partió de Washington por posible contribución al lavado de capitales fue contestada por la intervención del primer ministro andorrano, lo que a juicio de los Cierco provocó “que otras autoridades financieras actuaran contra BPA”, como el caso de la filial Banco Madrid y el escrutinio al que fue sometido, resultado en el concurso forzoso de acreedores y su posterior liquidación.
Esta demanda, explican los portavoces de la familia, es en realidad una modificación sobre la que ya se presentó en octubre del año pasado. Ahora, los inversores aportan nuevos datos y documentación sobre la evolución del caso de BPA entre los que figuran las dos valoraciones independientes para el grupo financiero que lo sitúan entre los 482,8 y los 496,4 millones de euros. Igualmente, se rechaza la conclusión del Inaf en el que resolvía que la entidad ya no era una institución viable.
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