La Comisión Europea presentará el jueves sus propuestas para armonizar los distintos tratamientos legales sobre la economía colaborativa en los 28 países del bloque. La plataforma de alquiler de vehículos sin conductor Uber ha sido bien recibida en Reino Unido, sin embargo, en países como Francia, Alemania o España se ha enfrentado a trabas y prohibiciones. También el servicio de alquiler temporal de apartamentos y habitaciones AirBnb recibe diferentes tratamientos en las distintas naciones europeas. Para evitar una avalancha de reglamentaciones nacionales respecto a la denominada economía colaborativa, Bruselas presentará este jueves unas directrices para un marco común, en las que abogará por evitar la prohibición de estos modelos de negocio.
Las nuevas tecnologías han traído un nuevo panorama económico que afecta a sectores como el alojamiento y el transporte y las reglamentaciones tienen el reto de adaptarse a este panorama. La Comisión Europea (CE) defiende en este sentido no poner obstáculos: las prohibiciones de servicios debe ser el “último recurso”, asegura el organismo en sus propuestas, según adelanta Financial Times.
En concreto, lo que hará Bruselas es fijar unas directrices para armonizar los diferentes tratamientos a estas empresas en el bloque de 28 países. Aunque no tiene carácter vinculante, con están recomendaciones la CE pretende alentar a los países de la UE para desarrollar una regulación más flexible con las empresas de economía colaborativa, así como evitar que estos servicios tengan que ‘pelearse’ con 28 normativas distintas.
El organismo ya criticó recientemente el intento de Berlín de ‘perseguir’ a los anfitriones de AirBnb con la imposición de multas de has 100.000 euros para quienes alquilen un apartamento completo en la plataforma, al considerar que este tipo de reglas son “generalmente difíciles de justificar”.
Sin embargo, Bruselas sí que estima algunas limitaciones a los modelos de negocio de estas compañías. Sugiere que en los casos en algunos casos los proveedores que ofrecen sus servicios a través de estas plataformas deben ser considerados como empleados. Por ejemplo, cuando estos no pueden establecer los precios o son forzados a aceptar clientes.
Pero Uber, que ha tenido varias batallas judiciales por este motivo, defiende que sus conductores no son empleados, sino contratistas independientes, por lo que la empresa no tiene que hacer cosas como contribuir a sistemas de seguridad social.
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