La entidad no tendrá que hacer frente finalmente al pago, como responsable civil subsidiaria, de una fianza de 1.592 millones. Alivio para el Banco Sabadell después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela haya aclarado que la entidad tendrá que hacer frente, como responsable civil subsidiaria, al pago de 25,6 millones de euros, y no a la fianza total de 1.592 millones impuesta a los ocho exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que acusa de irregularidades que desembocaron en la quiebra de la caja alicantina.
En un auto conocido hoy, la magistrada acuerda “rectificar el error material manifiesto cometido al redactar la parte dispositiva del auto dictado por este Juzgado el pasado día 6 de abril de 2016, en el sentido de que la cantidad de la que debe responder Banco de Sabadell, como responsable civil subsidiario es de 25.632.503,32 euros y no de 1.592.494.000 euros como por error se hizo constar”.
En concreto, las únicas acusaciones que solicitan que el Sabadell sea responsable civil subsidiario son un particular y la empresa Bon Llar, que reclaman respectivamente 19,1 millones y 62.545 euros. Los 25,6 millones surgen de la suma de estas dos cantidades más un incremento de un tercio previsto por la Ley de enjuiciamiento criminal.
El Sabadell había presentado un “escrito de aclaración” para que la magistrada explicase su auto de ayer miércoles, en el que establecía a la entidad catalana como responsable civil subsidiaria de la fianza de 1.592 millones que impuesta a ocho exdirectivos de la CAM.
La juez Lamela dictó ayer miércoles la apertura de juicio oral contra ocho exdirectivos de la CAM por irregularidades en la gestión de la caja que condujeron a su quiebra. La magistrada sienta en el banquillo al expresidente de la CAM Modesto Crespo, a la exdirectora general Dolores Amorós, al exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol, y al exdirector de Planificación y Control Teófilo Sogorb. A los cuatro se les acusa de la comisión de un delito de falsedad en las cuentas anuales, delito relativo al mercado y los consumidores, manipulaciones informativas, estafa agravada, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil.
Por su parte, el exdirector general Roberto López Abad está acusado de todos los delitos anteriores con la excepción del cometido contra el mercado y los consumidores. La juez acusa además de falsedad en las cuentas y en documento mercantil y de apropiación indebida a los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.
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