Los autónomos advierten de que la regulación de los ‘lobbies’ les dará “todavía más poder”

La CIAE asegura que el registro de los grupos de presión que propone Competencia permitirá a estas compañías tener más dominio en perjuicio de los autónomos y las pymes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está preparando la instauración de un registro de ‘lobbies’, con el que pretende reforzar la transparencia sobre las actividades de los grupos de presión y cubrir un vacío legal al respecto a favor de la igualdad del mercado. Sin embargo, la Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español (CIAE) entiende que esta medida, lejos de favorecer la competencia, “permitirá dar a los ‘lobbies’ todavía más poder y además legalmente”.

En su opinión, “es imposible que la propuesta de legalizar las presiones vaya a beneficiar en algo a los autónomos y pymes o vayan a establecer mecanismos de igualdad”. “Con esa medida no atajan el problema que existe en unas leyes del mercado manipuladas que priman el dominio en la distribución comercial, que reduce la cuota de mercado de los menos fuertes, de los más pequeños y de los más desprotegidos, es decir, a los autónomos y las pymes de España”, ha añadido CIAE en un comunicado nota.

En la nota, la asociación de autónomos propone una serie de normas para poner fin al “sistemático fraude” que ejercen algunos de los grandes jugadores del mercado, como incrementar las sanciones a las faltas leves cometidas contra la competencia, para que “a nadie le compense delinquir”.

Además, pide que a las compañías o grupos empresariales castigados por faltas graves o muy graves se les impida volver a participar en el mercado donde han sido sancionadas. En el caso de reiteración del delito, exigen también que el Estado actúe en “como lo ha hecho en el sector de la banca, interviniendo” en el sector afectado.

Otra de las propuestas de la asociación de autónomos es que se apliquen parámetros similares a los que recurre Hacienda cuando sanciona a los infractores, es decir, que las sanciones alcancen los niveles del hecho defraudado.

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