El juez considera que las tarjetas se emitieron fuera del circuito, y que los 66 acusados sabían por su cargo que no se trataba de retribuciones. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido rechazar los recursos presentados por los 66 acusados del caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, entre ellos los expresidentes de la entidad Rodrigo Rato y Miguel Blesa, así como todos los argumentos esgrimidos por ellos, y ha confirmado su decisión de abrir juicio oral por esta causa.
En su auto, Andreu destaca que las tarjetas se emitieron fuera del circuito establecido, y que los consejeros y directivos sabían por su cargo que no se trataba de retribuciones, a pesar de que las utilizaron para gastos personales. El magistrado recuerda asimismo que en ninguno de los contratos que firmaron los miembros de la cúpula de la malograda entidad se mencionaban estos plásticos.
La investigación comenzó el 1 de octubre de 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción vio indicios de delito en el uso de tarjetas de crédito por parte de antiguos miembros de la cúpula de Caja Madrid y Bankia, que las utilizaron para gastar 15,25 millones de euros en 13 años.
Hace apenas diez días, el juez Andreu decidió la apertura del juicio oral por este caso en un auto en el consideraba que existen indicios suficientes de administración desleal por parte de Blesa, Rato y del ex director general de medios Ildefonso Sánchez Barcoj con el propósito de apropiarse de forma continuada e indebidamente del patrimonio primero de Caja Madrid y después de Bankia.
“Resulta meridianamente claro que los hechos anteriores, y delictivo uso dado a las tarjetas de crédito hubiese sido imposible sin la participación de los presidentes de las entidades durante el tiempo que fueron utilizadas las tarjetas, y sin la colaboración necesaria del director del comité de medios”, apunta el magistrado.
Para Andreu, Blesa, Barcoj y Rato pusieron en funcionamiento y mantuvieron un “sistema corrupto” de despatrimonialización de las entidades al tiempo que fueron beneficiarios de las tarjetas, por lo que atisba también indicios de apropiación indebida.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y medio de cárcel para Rato y seis para Blesa por este caso, al tiempo que ha solicitado que paguen unas indemnizaciones de casi 12 millones -2,6 millones Rato y 9,3 Blesa-, correspondientes a las cantidades utilizadas por los usuarios de las tarjetas en el periodo en que cada uno de ellos presidió la entidad.
En lo que se refiere a los otros 64 usuarios de las tarjetas, las peticiones de la Fiscalía oscilan entre penas de entre uno y cuatro años de prisión, dependiendo de si se aplica el atenuante de reparación de daño al haber devuelto las cantidades gastadas.
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