El juez anula la subasta del aeropuerto de Ciudad Real

La empresa propietaria ha celebrado la decisión al entender que se había alcanzado un “punto sin retorno” donde se llegó a la “paradoja de que alguien pujara 10.000 euros”. Frenazo a la subasta pública del aeropuerto de Ciudad Real. El titular del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 4 y de lo Mercantil de Ciudad Real, Carmelo Ordóñez, ha ordenado la nulidad del proceso. Una sentencia que ha celebrado la empresa propietaria del espacio al considerar que se estaba en una situación que representaba “un punto sin retorno en el que se había llegado a la paradoja de que alguien pujara 10.000 euros”.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), dicha nulidad se inicia en la Providencia de fecha 10 de abril del 2015, que fijaba las condiciones y objeto de la subasta, y afecta a todas las actuaciones procesales posteriores.

CR Aeropuerto S.L., empresa propietaria del aeropuerto, por medio de su abogado, ha aplaudido la decisión del juez. Algo que “dignificará un poco” el proceso de venta “para que puedan cobrar el máximo número de acreedores”, algo que ha compartido el juez, según ha declarado la compañía a Europa Press. Como mínimo, ha interpretado la sociedad, “se restablece la seguridad jurídica” de la subasta.

Respecto al nuevo proceso que espera enfocar CR Aeropuerto, Jesús Barroso, abogado de la propietaria en el proceso, ha expresado la esperanza de que las ofertas de compra que puedan venir a partir de ahora “vengan acompañadas de un plan de viabilidad, con un plan de explotación del negocio para beneficio de la comarca y de la región, facilitando la venida de otras empresas”.

Un aeropuerto que ha sido un quebradero de cabeza y que como declaró Ecologistas en Acción en eldiario.es se trata de un proyecto que es una “aberración, incomprensiblemente aceptada por una ciudadanía confundida, rehén del dictado de políticos y de empresario”, entre otros agentes. Incluso recuerda la asociación que la ubicación de éste se encuentra en una “zona elegida declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) por la Unión Europea” que la propia Junta de Comunidad “ha olvidado”.

Tras alcanzar una inversión total cercana a los 1.100 millones de euros, la empresa titular, tal y como ha manifestado Barroso, entendería como “adecuadas” las ofertas que rondasen entre los 50 o 60 millones de euros, teniendo en cuenta que el comprador debe hacer inversiones de gran calado para calibrar sistemas y “arreglar lo roto”.

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