El sindicato cree que se han vulnerado “derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa”. La sentencia del Tribunal Supremo dando validez al expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de Liberbank actualmente en vigor no será un punto final, sino un punto y seguido. El sindicato CSICA, uno de los que llevaron este ajuste a la justica, ya ha avisado de que ha puesto en manos de sus abogados la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional.
“Aceptamos con respeto la decisión del Tribunal Supremo”, señala el sindicato en un comunicado en el que manda un mensaje al banco al añadir que “nosotros acatamos las Sentencias de los tribunales cuando nos gustan y cuando no nos gustan”.
“Dicho lo anterior”, continúa CSICA, “esta Sentencia no nos gusta ni estamos de acuerdo con el tratamiento que se otorga en la misma a algunos asuntos, especialmente a determinados derechos fundamentales consagrados en la Constitución Española como el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa”. Por ello, la formación avisa de que “nuestros abogados ya están estudiando la viabilidad de recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que estos derechos fundamentales prevalezcan sobre una reforma laboral que, ojalá, se lleve pronto el diablo”.
El sindicato recuerda así mismo que la sentencia del Supremo, si bien avala el ajuste laboral llevado a cabo en el banco, cuenta con el voto particular de Rosa María Virolés. Esta magistrada, precisamente la que había sido designada ponente, renunció para emitir este voto particular en el que dice que “la sentencia llega a la conclusión de que no se ha producido indefensión, y en ello existe mi mayor discrepancia”.
Virolés fue ponente de la sentencia de 22 de diciembre de 2014 que desmontó la pérdida de vigencia de los convenios colectivos transcurrido un año desde su finalización (la llamada ultraactividad), “algo que ahora mismo nos estaría afectando a todos a no ser por este posicionamiento jurisprudencial, y que generó una fuerte polémica con los magistrados defensores a ultranza de la reforma laboral del Gobierno”, recuerda además el sindicato.
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