Adicae teme que el Gobierno prepare una legislación sobre las comisiones a la medida de la banca

Facua pide que la nueva normativa incluya “topes” en las comisiones, como ya se hizo con las relacionadas con las cancelaciones de préstamos hipotecarios. La polémica por las comisiones que quiere cobrar la gran banca a los no clientes que utilicen sus cajeros automáticos para retirar efectivo ha obligado al Gobierno a anunciar que en las próximas semanas sacará adelante un cambio normativo para “clarificar” la actual legislación. Sin embargo, las asociaciones de usuarios temen que el resultado sea que esta nueva normativa que ultima Guindos acabe legitimando las subidas de comisiones.

El pasado miércoles tuvo lugar una reunión entre representantes de la asociación de consumidores Adicae y la Subdirección General de Legislación y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Competitividad, un encuentro que llegó tras las peticiones por escrito de la asociación al ministro Luis de Guindos y al secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, para presentar sus propuestas.

Tras esta reunión, el presidente de Adicae, Manuel Pardos expresó la “preocupación” de Adicae y los consumidores de que la orden ministerial acabe legitimando el encarecimiento generalizado de las comisiones en los cajeros. En ningún caso los usuarios pueden pagar más por disponer de su dinero respecto a lo que venían abonando antes de que CaixaBank abriera el camino a cobrar estas comisiones, señala la asociación.

Una vez abierto el debate regulatorio a causa de los costes por sacar dinero del cajero, Adicae ha expuesto el decálogo de propuestas que remitió a Guindos con el fin construir unas reglas de juego básicas para la aplicación de las diferentes comisiones bancarias.

En una línea similar se ha expresado Facua, que ha advertido de que los incrementos que vienen produciéndose en los últimos años en las distintas comisiones que aplica la banca sólo pueden frenarse introduciendo “topes” en la normativa del sector, como ocurre por ejemplo con las relacionadas con las cancelaciones de préstamos hipotecarios, que el Ejecutivo reguló en 2007.

Esta asociación también exige al Banco de España y a las autoridades de protección al consumidor autonómicas que impongan de una vez multas a los bancos que vulneran la legislación al aplicar comisiones abusivas.

Si la infracción se califica como muy grave, el Banco de España tiene competencias para aplicar multas “de entre el triple y el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse”, “entre el 5% y el 10% del volumen de negocios neto anual total” o “entre 5.000.000 y 10.000.000 euros, si aquel porcentaje fuera inferior a esta cifra”, recuerda Facua que establece el artículo 97 de la citada Ley.

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