El sindicato considera que los detenidos merecen un “castigo ejemplar” por haber llevado a la quiebra a la entidad. “Por todos es conocido el refrán ‘a todo cerdo le llega su San Martín’”. Con esta afirmación abre la sección sindical de CGT en Bankia un duro comunicado en el que expresa su “satisfacción” tras conocerse ayer la detención por la Guardia Civil del expresidente de Bancaja y exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas.
“Por fin los Olivas, Izquierdo, Parra y compañía, como antes Rato, van a tener que dar explicaciones ante la justicia por tanto desmán del que fueron partícipes e inductores, y esperemos que no se quede solo en eso”, señala el sindicato, que añade que “la quiebra a la que llevaron las entidades que dirigían”, así como “todas las consecuencias” derivadas “merecerían un castigo ejemplar y proporcionado al desastre que generaron”.
Por ello, CGT reconoce que “no deja de causar satisfacción que la justicia se encargue de escarmentar a aquellos que han causado tanto mal en beneficio propio”.
Además, la formación sindical confía en que las detenciones llevadas a cabo ayer sirvan de aviso a navegantes para “aquellos que todavía hoy piensan que están por encima de la ley, y de forma arbitraria e ilegal tratan al resto del mundo en general, y a sus subordinados en particular, como siervos o meros instrumentos a su servicio de los que disponer a su antojo imponiendo condiciones ilegales y abusivas”.
“A estos también puede llegarles su San Martín”, avisa, para concluir, tirando de ironía, que “lamentamos la comparación de los cerdos con estos personajillos, de la cual los primeros salen perdiendo”.
El pasado lunes, Olivas fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, acusado de estafa y malversación. El también expresidente de la Generalitat valenciana fue arrestado en el marco de una operación en la que han sido detenidas otras ocho personas en Alicante, Valencia, Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca.
Casi todos los detenidos son ex altos cargos de Bancaja y de Banco de Valencia, además de dos empresarios. La operación tiene relación con la concesión de una serie de créditos bancarios para desarrollar operaciones en el Caribe que según creen los investigadores se concedieron sin cumplir los requisitos necesarios.
La investigación se habría iniciado en 2014 después de que en 2012 la intervención del Banco de Valencia por parte del Banco de España destapase irregularidades en la concesión de varios préstamos al Grupo Coral para inversiones en el Caribe mexicano, según publicaba la agencia Reuters.
“Los préstamos financieros para la inversión en seis operaciones inmobiliarias (..) superaron ampliamente 500 millones de dólares, operaciones que supusieron para las entidades señaladas un quebranto económico de más de 250 millones de dólares”, destaca un informe del Banco de España citado por la Guardia Civil. Una vez concedidos los préstamos, los acusados desviaron supuestamente más de 130 millones de euros a Andorra y Suiza mediante sociedades instrumentales.
La investigación la ha desarrollado el Grupo adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y coordinados por la Audiencia Nacional.
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