APECASYC aconseja a los empleados que impriman las nóminas de 2013 a la espera de que el Tribunal Supremo decida si da la razón a Liberbank o a los sindicatos. Los trabajadores de Liberbank se ponen manos a la obra tras la decisión del Tribunal Supremo de fijar para el próximo 9 de julio la fecha de votación y fallo sobre el recurso planteado por el banco contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2013.
Los sindicatos de la entidad, que confían que el Alto Tribunal se pronuncie en la misma línea que la Audiencia Nacional, ya han comenzado a aconsejar a los empleados que recopilen documentación para saber cuánto dinero podrán reclamar a Liberbank. Según pide a los trabajadores APECASYC en una circular, “tenemos que rogarte encarecidamente que tomes la precaución de imprimir las nóminas de 2013, así como recopiles las comunicaciones de Caser respecto a las aportaciones (y no aportaciones) al Plan de Pensiones”. También los documentos referidos a las posibles ayudas de estudio o guardería que les hubiesen correspondido en ese período.
“Todito todo es lo que habremos de reclamarles individualmente caso de que obtengamos sentencia favorable y ellos, por sí solos o en compañía de sus compinches, no se avengan a pagarnos de primeras”, resume el sindicato.
Más cauta por el momento es la actitud de CSICA, otro de los sindicatos que presentaron batalla en los tribunales, que considera que “debemos ser cautos y no pecar de triunfalismo lanzando las campanas al vuelo hasta que no se pronuncie el Alto Tribunal”. Según recuerda, no sólo Liberbank se juega unos 67 millones de euros, sino también los trabajadores.
Asimismo, recuerda que incluso en el caso de que el Supremo dé la razón a los sindicatos, todavía se desconoce si Liberbank “repondría a los trabajadores de modo propio en las condiciones laborales anteriores al primer ERE, o tendríamos que acudir a la ejecución de la sentencia, lo que reportaría nuevas demoras y esfuerzos hasta que el dinero esté finalmente en el bolsillo de los trabajadores”.
El 14 de noviembre de 2013, y estimando parcialmente la demanda presentada por CSI y STC-CIC, a la que se unieron CSICA, CSIF y APECASYC, la Audiencia Nacional decidió anular tanto el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) acordado por Liberbank con UGT y CCOO el 25 de junio de ese mismo año, como el ERTE unilateral que había anunciado unas semanas antes el banco.
La Audiencia Nacional entendió que hubo “vulneración de la libertad sindical”, y condenó al banco a “reponer a los trabajadores en las condiciones anteriores a la aplicación de las medidas”. Según los cálculos de los sindicatos que llevaron este ajuste laboral a los tribunales, el banco debería devolver a los empleados unos 67 millones de euros por las cantidades económicas detraídas. El propio banco cifró en unos 12.000 euros de media por cada empleado el coste de esta anulación.
No obstante, el banco decidió presentar un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, que ha fijado el 9 de julio como fecha para el fallo.
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