El superregulador considera que según está planteada la Ley de Auditoría podría suponer un obstáculo para la entrada de competidores y un acicate para la pérdida de independencia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto peros a la nueva Ley de Auditoría. El superregulador considera que los plazos de contrato que contempla el anteproyecto de la norma podría “dificultar la entrada de nuevos competidores” así como “facilitar el riesgo” de pérdida de independencia del auditor.
En el preceptivo informe del organismo, se apunta que los periodos fijados para el régimen de contratación de las auditorías obligatorias y las auditorías de entidades de interés público deberían acortarse para permitir una mayor libertad de mercado y evitar la “captura” del auditor como una particular suerte de rehén de la compañía cuyas cuentas sean auditadas.
“Desde la óptica de la competencia efectiva y la regulación económica eficiente”, señala la CNMC, convendría revisar las limitaciones máxima y mínima de temporalidad en los dos casos. En cuanto a la auditoría obligatoria la norma en debate contempla de tres a nueve años de contrato inicial con posibilidad de prórroga tácita obligatoria. Para las sociedades de interés público se contemplan contratos de entre tres y diez años, pudiéndose ampliar en un máximo de otros cuatro más.
El organismo supervisor hace hincapié en que la auditoría es de señalada relevancia para el funcionamiento eficiente de la economía por su labor de detectar “fallos de mercado”. En este sentido, subraya también que la norma que el Gobierno ultima genera “cierto riesgo de confusión” entre las funciones de la CNMC y las que se atribuyen al órgano supervisor de la actividad de auditoría (ICAC).
En torno a este último punto, se aconseja que la norma analice en mayor profundidad las atribuciones que da el texto a las corporaciones profesionales de auditores de cuentas. Es así que llegan a considerar que las facultades que se los otorga “parecen exceder” las propias que para este colectivo laboral se recogen en la Ley de Colegios Profesionales, lo que podría también “limitar el ejercicio de la competencia”.
Los escándalos de Pescanova y Gowex, que durante años habían presentado al mercado cuentas infladas y falseadas con el sello de sus auditores, movieron al Gobierno a agilizar la revisión de la norma que rige la revisión de cuentas corporativas. Así es el caso que el Consejo de Ministros validó el primer borrador de la norma el pasado mes de febrero, fecha desde la cual el texto se ha abierto consultas de distintos organismos e instituciones financieras y de supervisión.
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