Recaba pruebas para investigar si España, Italia, Grecia y Portugal avalaron de forma ilegal a los bancos que reforzaron capital con DTA y que tienen 40.000 millones en este tipo de activos. La Comisión Europea está recogiendo pruebas para decidir si abre una investigación a España, Italia, Grecia y Portugal por una posible financiación ilegal a los bancos que han reforzado su capital con los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), según informa este martes Financial Times.
Los DTA se aceptan como capital de máxima calidad en estos cuatro países, pero el Banco Central Europeo (BCE) no hace la misma consideración de los mismos. En España, el Gobierno aprobó a finales de 2013 un decreto ley mediante el que permitía ‘rescatar’ 30.000 millones de euros para los bancos.
Según explicó entonces el ministro de Economía, Luis de Guindos, el total de DTA en las entidades españolas ascendía a 70.000 millones de euros. De ellos, 30.000 millones podrían seguir siendo considerados capital de máxima calidad (core Tier 1) en la nueva normativa internacional de Basilea III.
Ahora, la posible investigación de Bruselas sobre la legalidad de estos activos plantearía un grave problema para los bancos españoles y para el resto de sistemas bancarios del sur de Europa, que todavía luchan para recuperarse de la crisis que ha asolado la región. Cualquier retiro del apoyo gubernamental a los DTA podría debilitar drásticamente las reservas de capital de algunos bancos, algo que podría alimentar otra crisis financiera en Europa, advierte el periódico británico.
Actualmente, la Comisión Europea está estudiando la información solicitada a los estados miembros para establecer si el caso merece una investigación formal.
Los DTA son derechos que las entidades tienen frente a Hacienda y que se pueden realizar de dos modos básicamente: o incurriendo en pérdidas deducibles, o generando gastos que no son fiscalmente deducibles inmediatamente como son las provisiones para cubrir posibles pérdidas futuras, y que se han incrementado significativamente por las dos reformas financieras consecutivas impulsadas en 2012 por Guindos.
Según Financial Times, los cuatro países tienen más de 40.000 millones de euros en este tipo de activos capitalizados a octubre, según datos del BCE. Con lo que el 75% podrían ser de bancos españoles.
El Banco Sabadell apunta hoy en un informe que la noticia, de producirse, sería “muy negativa” ya que se traduciría en ampliaciones de capital en las entidades afectadas. No obstante, recuerdan que la noticia se basa en la armonización de la regulación para todas las entidades financieras europeas y que el mecanismo único de supervisión bancaria ya ha dejado claro en otras ocasiones que la coyuntura actual no es adecuada para una posible unificación, dado que el sector se encuentra en un proceso de adaptación de la directiva que recoge la normativa de Basilea III, donde hay a su vez numerosas interpretaciones nacionales.
“No pensamos por tanto que se pueda producir una investigación que se haga efectiva en el corto plazo, apuntan los analistas de la entidad catalana.
En todo caso advierten de que, de poner en duda su valor como capital, las entidades españolas más afectadas serían Liberbank, Caixabank, Santander y Bankia. Sobre todo la primera, en la que el peso sobre el capital asciende al 30%.
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