Los productores de energías limpias critican la “injusta situación” en la que se encuentran frente a “las grandes eléctricas” a las que sí se reconoce el déficit de tarifa. Las empresas de renovables en España vuelven a la carga contra el Ministerio de Energía. Exigen al departamento que rige José Manuel Soria que “establezca mecanismos financieros” que palíen la “grave situación” a la que se han llegado por los retrasos en los pagos comprometidos por el Gobierno que “asfixian” la industria.
Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denuncian la tardanza del equipo de Soria a la hora de hacer frente a los pagos de la retribución fijada en la normativa de la reforma energética. Unos retrasos que, según explican, ha sumido a la industria en una situación mucho peor que la propiamente derivada del cambio legislativo del sector.
Ante este panorama, los productores de renovables solicitan al Gobierno que tome ya las medidas oportunas para permitir que las empresas verdes puedan “hacer frente a la grave situación financiera que soportan” a consecuencia de resultados deficitarios de las liquidaciones acumuladas, que en algunos casos están pendientes en un 16%. Un porcentaje que para la organización supone “un tremendo impacto económico” a sumar a las cargas impositivas generadas “por el Gobierno en su llamada reforma eléctrica”.
Más allá de los pagos pendientes, APPA denuncia el silencio de la Secretaría de Estado de Energía a la que ha remitido sus exigencias en repetidas ocasiones sobre algún mecanismo de financiación o, en su defecto, del lanzamiento de documentación oficial en que se reconozca la deuda contraída. De esta manera, explican que se daría una mejor salida a una “injusta situación” que no les permite descontar la deuda en el mercado como sí ha sucedido “tradicionalmente” para “las grandes eléctricas” gracias al reconocimiento del déficit de tarifa.
En su mayoría pequeñas y medianas empresas, las productoras de energías limpias recuerdan que la ley vigente establece que la retribución de las actividades reguladas, incluidas las instalaciones renovables, debe ser proporcional a los ingresos disponibles del sistema eléctrico. Así señalan que la última liquidación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sitúa el coeficiente de cobertura en un 84% de lo que debían haber cobrado hasta la fecha.
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