El pago de tasas judiciales había disuadido a muchos afectados a la hora de reclamar la devolución de su inversión en acciones, señala Apabanc. La Asociación de Usuarios y Consumidores de productos financieros (Apabanc) considera que la supresión de las tasas judiciales para los ciudadanos particulares anunciada por el Gobierno la semana pasada va a facilitar la decisión de demandar a Bankia de muchos minoristas que acudieron a la salida a Bolsa del banco en julio de 2011.
Según Ricard Torres, presidente de Apabanc, la medida recientemente adoptada por el Consejo de Ministros “supone que numerosos afectados por las preferentes pero sobre todo por la oferta de suscripción de acciones de Bankia, puedan reclamar por la vía judicial”.
Un gran porcentaje de los más de 300.000 clientes minoristas que acudieron a la salida a Bolsa invirtieron cantidades pequeñas, entre 1.000 y 3.000 euros de media, y el pago de tasas judiciales, en muchos casos, ha disuadido a estos afectados a la hora de reclamar la devolución de su inversión en acciones, considera esta asociación. Para Salvador Sastre, abogado de Apabanc, la supresión de las tasas “es hacer real el derecho efectivo y no teórico de los ciudadanos menos pudientes a reclamar su dinero, a reclamar sus derechos. Es respetar el derecho constitucional de acceso a la Justicia”.
Durante la presentación de sus resultados de 2014, Bankia anunció una provisión de 780 millones de euros para hacer frente a las demandas civiles por la salida a Bolsa en julio de 2011, si bien avisó de que defendería en los tribunales los derechos de los accionistas y los contribuyentes. Según señaló el presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, estos 780 millones, que incluyen las costas legales, surgen de un “análisis muy profundo y prudente” que ha sido contrastado con un experto independiente. Bankia captó más de 3.000 millones de euros en su salida a Bolsa, de los que casi 1.800 millones correspondieron a inversores minoristas.
Bankia ha recibido ya un total de 5.172 reclamaciones por esta operación, según la memoria anual registrada ante la CNMV. En concreto, el banco ha recibido 933 demandas civiles de inversores particulares (individuales y acumuladas), de las que 860 estaban vivas a 31 de diciembre de 2014, y 4.312 reclamaciones extrajudiciales, interpuestas frente a las autoridades de Consumo de las diferentes Comunidades Autónomas.
La semana pasada, el Gobierno dio finalmente el brazo a torcer y suprimió “en todas las instancias y en todos los órdenes” las polémicas tasas judiciales en el caso de las personas físicas. El real decreto-ley que regula esta modificación entró en vigor el domingo 1 de marzo.
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