Guindos cifra en 30.000 familias las beneficiadas por las medidas antidesahucios, muy lejos de las 120.000 que calculó el propio ministro hace dos años. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha afirmado este miércoles que las medidas impulsadas por el Gobierno para evitar desahucios han beneficiado a casi 30.000 familias. Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados en respuesta a la portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias.
Guindos ha destacado que la política de vivienda pública es una “competencia prácticamente exclusiva de comunidades y ayuntamiento” y ha recordado que “este Gobierno ha sido el único que ha tomado medidas para evitar los desahucios” y ha actuado “desde el primer día”. Por su parte, Iglesias se ha quejado de que los datos aportados por el ministro son “difíciles de contrastar”, para agregar que “esconden su fracaso para evitar desahucios”.
En concreto, los cálculos realizados por el Guindos señalan que el Código de Buenas Prácticas ha permitido 12.000 reestructuraciones de deuda hipotecaria y se han acordado 3.500 daciones en pago. Además, casi 2.000 personas se han beneficiado de un alquiler a precio reducido gracias al Fondo Social de Vivienda y se han suspendido más de 12.000 lanzamientos.
No obstante, estas 30.000 familias están muy lejos de las 120.000 que el propio ministro cifró en noviembre de 2012, cuando el Gobierno aprobó el decreto ley antidesahucios, que finalmente se aprobó sólo con los votos del PP en el Congreso y el Senado.
Esta norma suspende los lanzamientos de las viviendas durante dos años en el caso de los colectivos más vulnerables, modifica el régimen de subastas y limita los intereses de demora.
En cuánto a la dación en pago, sólo se contempla como parte del código de buenas prácticas bancarias que permite entregar la vivienda para sufragar la deuda en casos de especial vulnerabilidad. La norma también impide a los bancos iniciar el proceso hasta que se incurra en el impago de tres mensualidades y ordena la constitución de un fondo social de vivienda en alquiler.
En su tramitación, la ley ha tenido que adaptarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE para que los jueces puedan paralizar un proceso de ejecución hipotecaria en caso de que se constate que el contrato incluye cláusulas abusivas.
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