Olivas y el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino, se sentarán en el banquillo por presunto fraude a Hacienda. El magistrado del juzgado de instrucción número 14 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de Bancaja y expresidente de la Generalitat Valenciana, José Luis Olivas, y contra el empresario Vicente Cotino, sobrino del expresidente de las Corts Juan Cotino por presunto fraude a Hacienda, según publica la agencia Europa Press, que cita fuentes conocedoras del procedimiento.
En concreto, supuestamente el empresario pagó 580.000 euros a una sociedad de José Luis Olivas por unos trabajos que no existieron y por los que Vicente Cotino se desgravó la factura, causando así un perjuicio a Hacienda.
Tanto Olivas como Cotino se enfrentan a una pena de tres años de prisión, tal y como solicita el ministerio fiscal, por un delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Asimismo, se les reclama el pago de una multa de 202.700 euros. Por su parte, la Abogacía del Estado también les atribuye los mismos delitos, pero incluye en su escrito de acusación a la mujer de Olivas por ser, junto a él, la administradora de la sociedad que facturó a Cotino.
Los hechos se remontan al año 2008. En ese periodo, Vicente Cotino era dueño y administrador único del Grupo Fiscal Asedes Capital S.L., al que pertenece, entre otras, la empresa Sedesa Inversiones S.L., cuyo objeto social era el sector de la construcción y energético. Por su parte, Olivas era administrador y socio al 50%, con su esposa, de Imarol S.L., destinada al asesoramiento de empresas y a la inversión patrimonial.
El ministerio fiscal estima que ambos, “actuando de común acuerdo y con ánimo de defraudar a la Hacienda Pública”, decidieron que una transferencia por importe de 500.000 euros más 80.000 euros de IVA que hizo Sedesa a Imarsol fuera contabilizada y consignada en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2008 del Grupo Fiscal Asedes Capital como gasto deducible.
Para ello, crearon un documento que “aparentaba” ser una factura firmada por Olivas, en la que se documentaba que el cobro por la empresa Imarsol a Sedesa se debía a unas supuestas actividades de gestión y asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25% en Proyectos Eólicos Valencianos S.A.
Esta actividad de gestión y asesoramiento “no existió”, al realizar dicha venta la empresa Inversiones Alternativas Energéticas, propietaria de las acciones y también perteneciente al Grupo Asedes, “sin intervención alguna” de Olivas, “tratándose el pago de una liberalidad de Cotino al otro acusado”, que “en ningún caso puede ser considerada gasto deducible en el Impuesto de Sociedades”.
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