El exdirector general de la entidad, también imputado, dice que se le “olvidó” comentar este pago retroactivo en la Comisión de Retribuciones. El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que cobró de una sociedad participada de la entidad seis meses antes de que fuera nombrado al frente de la misma, según publica Europa Press, que cita fuentes jurídicas.
Crespo, que ha comparecido como imputado en la causa en la que se le investiga junto a 19 consejeros de la extinta caja alicantina por el cobro de dietas irregulares, ha señalado que, a pesar de que fue nombrado presidente de la sociedad Tinser Cartera el 29 noviembre de 2009, percibió su sueldo de 300.000 euros anuales con carácter retroactivo desde junio, mes en el que fue designado “presidente institucional” de la CAM.
Según ha explicado, percibió sus retribuciones con retroactividad porque comenzó a trabajar para Tinser Cartera desde el momento en que fue nombrado como presidente de la CAM y que el nombramiento se produjo seis meses después por cuestiones formales.
También ha declarado como imputado el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que ha reconocido que la propuesta de nombramiento de Crespo al frente de la sociedad participada partió de él y fue aprobada por el Consejo de Administración, que avaló tanto la cuantía de la retribución como el cobro con carácter retroactivo. “Así consta en las actas, que no son falsas”, ha defendido.
Al ser preguntado por qué el consejero Martín Sevilla le advirtió de que la retroactividad salarial no había sido abordada en la Comisión de Retribuciones de la entidad, de la que formaba parte, López Abad ha alegado que se le “olvidó” comentar ese detalle.
Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo y a López Abad junto a otros antiguos directivos de la caja -el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol; el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; y la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós- por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, por el cobro de pensiones de jubilaciones abusivas y su papel en la quiebra de la entidad.
El magistrado dictó, además, hace un año el ingreso en prisión eludible con una fianza de 1,5 euros para López Abad al que atribuye haber desviado millones de euros de la CAM que destinó a la compra de hoteles en el Caribe a través la participada Valfensal, junto a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. El exdirector general de la entidad permaneció seis días en la cárcel, que abandonó tras presentar bienes que cubrían la caución.
La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de ese mismo año fue adjudica en subasta al Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.
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