El Ejecutivo de Mariano Rajoy pide al TJUE que anule la investigación de la Comisión Europea iniciada en julio. El Gobierno español ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que anule la investigación formal iniciada por la Comisión el pasado mes de julio sobre una posible manipulación de las cifras de déficit por parte de la Comunidad Valenciana.
El recurso de España, que se presentó el 22 de septiembre y que ha publicado hoy el Diario Oficial de la UE, acusa a Bruselas de haber realizado «una investigación encubierta, al margen del procedimiento establecido, con menoscabo de los derechos de defensa de España». Las autoridades españolas sostienen igualmente que «no existen indicios serios de la existencia de hechos que sean constitutivos de tergiversación de los datos relativos al déficit y a la deuda».
El Gobierno de Mariano Rajoy alega que el Ejecutivo comunitario vulnera los principios de seguridad jurídica e irretroactividad de las normas ya que se basa en unos poderes que le fueron concedidos en diciembre de 2011, de modo que “el periodo objeto de investigación debería limitarse a los datos comprendidos en las notificaciones a partir de 2012″, señala el recurso.
Las autoridades españolas no han esperado en esta ocasión a que el Ejecutivo comunitario concluya el expediente para recurrir, como ocurre en la mayoría de los casos, sino que han pedido directamente al TJUE que paralice la investigación, según recoge Europa Press. De confirmarse sus sospechas sobre la manipulación del déficit en la Comunidad Valenciana, Bruselas podría imponer a España una multa de hasta el 0,2% del PIB (unos 2.000 millones de euros).
La posible manipulación de las estadísticas en la Comunidad Valenciana salió a la luz en mayo de 2012, en plena crisis de deuda, cuando España informó a Eurostat de que el déficit de 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4% del PIB respecto a la cifra notificada a efectos del procedimiento de déficit excesivo unas semanas antes porque se descubrieron «gastos de las Comunidades Valenciana y de Madrid que no habían sido registrados».
Eurostat inició entonces una investigación en la que liberó de culpa a la Comunidad de Madrid, pero no a la de Valencia. Las autoridades estadísticas valencianas habrían enviado «sistemáticamente informaciones incorrectas a las autoridades nacionales durante varios años», en particular sobre gastos de salud.
El Ejecutivo comunitario dispone de un plazo de 10 meses para concluir su investigación si el TJUE no la paraliza antes como pide España.
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