El próximo día 31 finaliza el ERE actual de CatalunyaCaixa. Desde 2008, la plantilla de la entidad se ha reducido a la mitad. El expediente de regulación de empleo (ERE) de CatalunyaCaixa finalizará el próximo 31 de diciembre, poco antes de que, si se cumplen los plazos previstos, BBVA pase a tomar el control definitivo de la entidad. En ese sentido, y en plena campaña de las elecciones sindicales que se celebrarán el próximo 26 de noviembre, los sindicatos avisan al banco que preside Francisco González de que no tolerarán otro ajuste.
“Una vez se produzca la adquisición efectiva por parte del BBVA y empecemos a conocer sus intenciones, tenemos claro que no vamos a aceptar ningún otro tipo de ERE sobre una plantilla que ya ha sido suficientemente castigada”, avisa la sección sindical de UGT en CatalunyaCaixa, que considera que “cualquier medida que BBVA quiera adoptar en el futuro deberá realizarse sobre el conjunto de un grupo que tiene más de 30.000 trabajadores en el conjunto del Estado”.
Para el sindicato, “cualquier proyecto de futuro debe pasar por la consideración global del grupo”, tal como ya ha manifestado tanto a las direcciones de CatalunyaCaixa como a la de BBVA en las reuniones que ya han mantenido.
CatalunyaCaixa contaba a 30 de septiembre con 4.719 trabajadores. Después de todos los ajustes anunciados desde la fusión de Catalunya Caixa, Caixa Tarragona y Caixa Manresa al inicio de la crisis, la plantilla se ha reducido casi a la mitad, desde los 8.500 empleados en 2008.
Hace justo un año, en octubre de 2013, la entidad acordó un ERE que contemplaba la salida de hasta 2.153 empleados, a los que acordó pagar 30 días por año trabajado, por encima de los 20 días de su propuesta inicial, ceñida a la reforma laboral de Báñez.
No fue el primer ajuste: La entidad aplicó inicialmente un recorte de 1.300 empleos, ampliado con otras 330 bajas incentivadas. Los trabajadores mayores de 60 años se pudieron prejubilar recibiendo el 90% del salario neto, mientras que los de entre 56 y 59 años contaron con el 80% del salario neto. Las indemnizaciones de las bajas incentivadas dependieron de la antigüedad, llegando hasta los 30 meses de sueldo (2,5 años) para quienes llevasen más de 12 años trabajando en una de las cajas.
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