El banco malo se expone un segundo procedimiento sancionador por no poner a disposición de los registros municipales las cifras de VPO. La Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como ‘banco malo’, “por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas”.
Es la primera sanción que impone la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en cumplimiento de la denominada ‘ley antidesahucios’, que establece la obligación de las entidades financieras de aportar al gobierno andaluz un inventario de las viviendas protegidas (VPO) que se encuentren en sus balances. En sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa, la Sareb señaló que no posee 911 VPO en Andalucía, como había defendido en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra esta misma norma, sino 98.
La Consejería ha impuesto la sanción máxima para la infracción muy grave por concurrir los agravantes de intencionalidad derivada del previo conocimiento del incumplimiento producido, el carácter cualificado del sujeto infractor y el daño al interés general. Las alegaciones presentadas por la Sareb han sido desestimadas en la resolución dictada por la secretaria general de Vivienda.
Asimismo, el banco malo se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.
“Todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales”, ha afirmado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha señalado la “extrema gravedad” de que la propia Sareb haya confirmado en una notificación a la Administración andaluza que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la ‘ley antidesahucios’ eran “totalmente falsos”.
“El Gobierno recurrió la ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley”, ha añadido la consejera.
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