El real decreto-ley ha salido adelante con el voto a favor de los populares, que tienen la mayoría absoluta, mientras que el resto de grupos se ha opuesto. El Congreso ha convalidado este jueves el real decreto-ley por el que se cierra temporalmente el almacén de gas natural Castor y por el que también se fija una indemnización para la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, de 1.350,7 millones de euros.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha defendido desde el estrado este decreto que “garantiza la seguridad” de las personas, bienes y medio ambiente. La norma ha salido adelante con el voto a favor del PP, que tiene mayoría absoluta, mientras que el resto de grupos se ha opuesto.
Soria ha confirmado que se suspende toda actividad en el almacenamiento Castor (no habrá inyección o extracción alguna de gas en el subsuelo) y que será Enagás Transporte, desde el próximo 1 de diciembre, la empresa responsable de su administración y mantenimiento.
No obstante, el ministro ha advertido de que esta situación de la planta Castor se podría revertir en el futuro si los estudios técnicos “más completos” lo aconsejan, para “cerrarla, desmantelarla o explotarla sin peligro de movimientos sísmicos perceptibles”. Castor fue clausurado en septiembre del año pasado tras producirse seísmos de baja intensidad en la zona en la que está situado.
El titular de la cartera de Industria recordó que será Enagás Transporte la encargada de abonar esos 1.350,7 millones a Escal a cambio de un derecho de cobro durante 30 años, con un interés del 4,269% (101 millones anuales), con cargo al sistema gasista, es decir, mediante la factura que pagan los consumidores. Enagás cedió ese derecho de cobro a varias entidades financieras el mismo día de la publicación en el BOE de la norma.
Soria ha defendido que el pago anual por el cierre de Castor supone un ahorro de 110 millones al año si se compara con lo que la instalación recibiría si estuviera en funcionamiento (212 millones frente a 101 millones).
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